El Problema de la Autoridad Política: Capítulo 3

Esta entrada forma parte de una serie de entradas en las que se hace una traducción amateur de la Parte I del libro The Problem of Political Authority: An Examination of the Right to Coerce and the Duty to Obey del filósofo Michael Humer. Todo el material traducido hasta la fecha se puede encontrar en la parte correspondiente de Proyectos. Cualquier corrección es bienvenida. Si están interesados en el libro, no duden en comprarlo y así apoyar al autor.

IMPORTANTE: En la literatura hay algunos argumentos (de Sunstein, Holmes, Nagel, etc) que puede que intenten esquivar parte de los argumentos de Huemer haciendo énfasis entre la interrelación de la existencia de la propiedad privada y el marco legal actual, el cual el Estado parcialmente ‘crea’ y vela por su cumplimiento. Huemer ya comenta más adelante en su obra que sus argumentos no dependen de una teoría de la propiedad pero también responde a estos argumentos en ‘Is Wealth Reditribution a Rights Violation?


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La Teoría del Contrato Social Hipotético

3.1 Argumentos desde el consentimiento hipotético

Como ya hemos visto, la afirmación tradicional de que los individuos han consentido al Estado no puede ser defendida de forma creíble. Los teóricos del contrato social hipotético en su lugar, se decantan por la afirmar que los individuos consentirían al Estado bajo ciertas condiciones hipotéticas.Estas condiciones pueden involucrar estipulaciones en relación al conocimiento, grado de racionalidad, y motivaciones de las partes hacia el contrato social, además de la estipulación que a todos los miembros de la sociedad se les da una opción de escoger en qué tipo de sociedad desearían vivir. El hecho de que estaríamos de acuerdo con un determinado estado de las cosas en un particular escenario hipotético, se piensa que legitima ese estado de las cosas y genera obligaciones de darle apoyo. Este enfoque tiene la ventaja dialéctica de evitar el tipo de dependencia en hechos empíricos sobre el mundo actual que ha probado ser el hundimiento de la teoría del contrato social tradicional.

Los defensores de cualquier contrato social hipotético deben completar dos tareas: primero, deben mostrar que las personas aceptarían el contrato en su escenario hipotético; segundo, deben mostrar que este consentimiento hipotético es moralmente efectivo, en el sentido de que genera obligaciones y derechos éticos similares a aquellos generados por el consentimiento válido real.

3.2 El consentimiento hipotético en la ética corriente

A primera vista, el consentimiento hipotético parece tener poco peso normativo. Las promesas que uno ha hecho típicamente obligan a uno a realizar lo prometido, aún así las promesas que meramente uno hubiera hecho bajo condiciones idealizadas no le obligan de forma similar. El consentimiento real puede dar a otros el derecho a coaccionarme, aún así el consentimiento que uno meramente hubiera dado bajo condiciones idealizadas no da, de forma similar a otros, el derecho a coaccionarme. O así parece.

Sin embargo, hay circunstancias bajo las cuales el consentimientos hipotético es moralmente eficaz, circunstancias en las cuales el hecho que alguien ‘hubiera acordado’ a algún procedimiento en particular puede hacer permisible llevar a cabo el procedimiento, cuando el procedimiento es del tipo que normalmente requeriría de consentimiento. Suponga que traen a un paciente inconsciente al hospital, con la necesidad de ser operado para salvar su vida. Bajo circunstancias corrientes, los médicos deben obtener el consentimiento informado del paciente antes de operar. En esta situación, insistencia en este principio imposibilitaría la aplicación de tratamientos médicos que le salvarían la vida, ya que el paciente no puede consentir o disentir al tratamiento. En este caso, está generalmente aceptado que los médicos deberían proceder aún con falta de consentimiento. La explicación más natural apela a la creencia razonable de que el paciente, si pudiera, consentiría a tratamientos que le podrían salvar la vida.2

¿Puede el consentimiento hipotético tener similar eficacia moral en el caso del contrato social? Hay dos condiciones necesarias para la eficacia moral del consentimiento en casos como el del paciente inconsciente. Primero, obtener consentimiento real debe ser imposible o inviable por razones a parte de la falta de voluntad de la otra parte a consentir. Como ilustración, imagine que llega un segundo paciente al hospital, también necesita de una operación para salvar la vida, pero en este caso se encuentra perfectamente alerta y psicológicamente normal. Si aquí, los médicos escogen no solicitar el consentimiento del paciente pero simplemente le administran anestésicos y proceden con el procedimiento quirúrgico que creen más beneficioso, no podrían justificar su comportamiento apelando a la posibikidad de que él habría consentido si se le hubiera preguntado. Mientras que la certeza de esta afirmación hipotética pueda mitigar la culpabilidad de los médicos, no justificaría su fracaso en no obtener consentimiento real, dado la viabilidad de ello.

Segundo, cuando apelamos al consentimiento hipotético, el consentimiento hipotético de las partes debe ser consistente con sus valores y creencias filosóficas actuales. Imagina que un tercer paciente llega al hospital en las mismas condiciones que el primer paciente, inconsciente y necesitado de cirugía. Pero en este caso el médico que le atiende, a causa de su familiaridad con este particular paciente, sabe que el paciente tiene fuertes creencias religiosas en contra de la práctica quirúrgica, incluso cuando fuera necesaria para salvarle la vida. En esta situación el médico no debería proceder con la operación, sin tener en cuenta la ausencia de consentimiento, en base a que el paciente ‘habría consentido’. Siempre es posible concebir circunstancias bajo las cuales, cualquier individuo consentiría a cualquier procedimiento – en el presente ejemplo, por ejemplo, el paciente habría consentido si hubiera abandonado sus creencias religiosas. Pero los hipotéticos que requieren alteraciones de los valores y creencias fundamentales del sujeto – incluso si algunos de estos valores o creencias están equivocadas – son irrelevantes en establecer la efectividad moral del consentimiento hipotético. En este caso, el juicio hipotético que éticamente prevalece es el juicio de que el paciente no habría consentido a ser operado si se le preguntara en circunstancias relativamente normales, con sus creencias filosóficas, religiosas, y morales intactas.

Esto no niega que puedan existir circumstancias bajo las cuales la coacción paternalistica pueda estar justificada; sólo niega que la coacción esté justificada en virtud del consentimiento hipotético cuando el consentimiento hipotético depende de alteraciones imaginadas y fundamentales de los valores y creencias del sujeto.3

En luz de estas condiciones, el contrato social no puede ser aceptado como válido. Para empezar, los ciudadanos de un país, por lo general, no están ni inconscientes ni mentalmente incapacitados o tampoco incapaces de consentir o disentir del contrato social, ni es inviable que el Estado solicite su consentimiento. Una razón por la cual los Estados modernos se abstienen de solicitar ese consentimiento puede ser porque no están preparados para eximir a aquellos que retiren su consentimiento de las demandas de impuestos y otros requerimientos legales. Pero esta consideración, sin duda, no autoriza en este caso una apelación al consentimiento hipotético, no más que un médico pueda prescindir legítimamente del consentimiento real de un paciente en base a que el médico no estaba dispuesto a desistir en caso que el paciente realmente rechazara el tratamiento recomendado.

Segundo, el acuerdo de cualquier contrato social puede requerir modificaciones de las creencias filosóficas y valores de algunos de los ciudadanos. Entre los individuos a los que el gobierno se impone hay algunos que, por razones filosóficas, se oponen a cualquier forma general o estilo de gobierno al que están sujetos en favor de algún otro tipo de gobierno. Otros oponen todas las formas de gobierno en favor de alguna forma de anarquismo político. El acuerdo sobre un contrato social especificando incluso formas muy generales de gobierno a ser adoptadas, requiere que esos individuos renuncien a importantes creencias filosóficas y valores con los que están verdaderamente comprometidos. Puede que se devise alguna justificación para imponer alguna forma de gobierno a esos individuos sin su consentimiento, pero ciertamente el hecho de que hubieran consentido no es suficiente.

3.3 El consentimiento hipotético y la razonabilidad

3.3.1 El acuerdo hipotético como evidencia de razonabilidad

Según los puntos de vista de algunos filósofos, cuando un sistema estrictamente voluntario es inviable, una aproximación aceptable puede ser un sistema del que nadie tiene una queja razonable.4 Y el hecho que un sistema político pueda ser el foco de un acuerdo por personas razonables bajo condiciones ideales de deliberación podría tomarse como que muestra que nadie tiene una queja razonable sobre ello.

En imaginar que las condiciones bajo las cuales este acuerdo hipotético ocurre, podemos suponer la alteración de algunas de las características de los seres humanos. Por ejemplo, podemos asumir que las partes del acuerdo están mejor informadas y razonan mejor que la mayoría de gente. Podemos asumir que sean racionales y razonables, donde por personas ‘razonables’ entendemos un ser preocupado para hacer acuerdos equitativos, provisto que el resto esté igualmente dispuestos.

Las personas razonables, por lo tanto, no intentan insistir en acuerdos que solo les benefician a ellos; están dispuestos a tomar en cuenta las peticiones de los demás para llegar a un acuerdo aceptable para todos.

Sin embargo, no debemos imaginar que todas las partes al acuerdo hipotético son demasiado diferentes de los seres humanos actuales, no sea que el acuerdo hipotético pierda su fuerza justificatoria. Por ejemplo, no debemos tomar ningún interés en un acuerdo hipotético al que se pudiera llegar sólo después de haberse convertido a la única verdadera religión. Debemos aceptar el hecho que entre las gentes razonables persisten diferencias religiosas y, de forma más general, diferencias filosóficas persistentes, y que debemos buscar un foco de acuerdo a pesar de nuestras diferencias. Los teóricos del consentimiento hipotético han abrazado este punto en específico, admitiendo que su objetivo es proveer de una justificación que aplica a todas las personas razonables.5

3.3.2 Podría llegarse a un acuerdo?

Los que abogan por la teoría del contrato social que hemos descrito no han ofrecido evidencia o razonamiento alguno para mostrar que todas las personas razonables estarían de acuerdo con un particular sistema político. Aunque estos teóricos exhiben un esfuerzo considerable en establecer las condiciones bajo las que ellos creen que se daría legitimidad al sistema político, no hacen un serio esfuerzo para mostrar que algún sistema político satisface esas condiciones. Una posible explicación de esto es que, de hecho, ningún gobierno satisface las condiciones para la legitimidad.

Thomas Nagel, es un ejemplo de este patrón. Después de describir la idea del consentimiento hipotético, Nagel procede a la cuestión de cuánto deberían los miembros bienestantes de nuestra sociedad dar como ayuda a más desfavorecidos. A un extremo hay el punto de vista que deberían dar poco o nada, el extremo opuesto es que deben dar todo o casi todo de lo que tienen. Nagel encuentra ambos de estos extremos no razonables. Pero concede de que hay un rango intermedio substancial en el que cualquier principio puede ser razonablemente rechazado, ya sea por los pobres o por los ricos, de forma que, no sería posible un acuerdo unánime con respecto a los principios de justicia distributiva.Nagel prosigue hacia la posibilidad de alterar nuestras motivaciones de forma que las condiciones para la legitimidad fueran satisfechas en el futuro.

En sus obras más recientes, John Rawls toma un punto de vista similar al punto de vista de Nagel sobre las condiciones para la legitimidad política, aunque parece más optimista sobre la posibilidad de acuerdo. El optimismo de Rawls, sin embargo, carece de justificación.7 Describe detalladamente cómo podemos concebir que su propia teoría debería ser el foco de un consenso entre individuos con diferentes puntos de vista religiosos, morales o filosóficos. Todos estos diferentes puntos de vista podrían llegar a apoyar una sola concepción política. Siguiendo la exposición de esta posibilidad lógica, uno podría anticipar la presentación de la evidencia de que esta posibilidad se da en alguna sociedad actual. Esta evidencia puede tomar la forma de, por ejemplo, una serie de argumentos, cada uno tomando como punto de partida los principios de una religión, sistema moral o sistema filosófico ampliamente compartido y en cada caso concluyendo con los principios centrales de la teoría de la justicia de Rawls. No se pueden encontrar argumentos de este tipo en los trabajos de Rawls, ni tampoco encontramos cualquier otra forma de evidencia para la conclusión de que cada doctrina razonable y ámplia da apoyo a la teoría de la justicia de Rawls.

Lo más cerca que Rawls llega a argumentar que alguna doctrina religiosa apoya su teoría es en su análisis de la tolerancia religiosa, donde cita Letter Concerning Toleration de John Locke como ilustración de porqué los pensadores religiosos puede que apoyen la tolerancia.De hecho, Locke, mientras que era tolerante por sus tiempos, era altamente intolerante a estándares modernos, explícitamente rechazando la idea de la tolerancia para los ateos y aquellos que promulgaran ideas socialmente destructivas.9 Dejando esta observación a un lado, una dificultad más seria es que lo que Rawls provee en ese pasaje se queda corto con respecto a lo que la teoría necesita. Lo que se necesita es un argumento con el que todas las personas razonables estarían de acuerdo con los principios fundamentales del sistema de Rawls; lo que Rawls provee es una explicación con la que un seguidor de una religión podría razonablemente llegar a apoyar uno de los principios de justicia de Rawls.

Lo más cerca que llega Rawls a argumentar que una teoría comprensiva y secular apoya su concepción política de justicia es en su análisis del utilitarismo, donde sugiere que los utilitaristas puede que consideren que su teoría de justicia logra una aproximación a la maximización de utilidad aceptable.10 Esta sugerencia, sin embargo, no es más que esto; no se presenta ningún argumento para mostrar que la teoría de la justicia de Rawls de hecho provee una aproximación aceptable a la maximización de utilidad.

Hasta ahora, la teoría del contrato hipotético parece menos prometedora para fundamentar la legitimidad política que una nota prometiendo su fundamentación. En esencia, la teoría requiere que todas las As sean Bs, y que la defensa del teórico consiste en explicar cómo es conceptualmente que deba haber un A que sea B

Ambos Nagel y Rawls se concentran principalmente en los principios de justicia distributiva, una área altamente conflictiva.11 Puede que tengamos más éxito en defender el consentimiento hipotético si nos limitamos al acuerdo general de tener un gobierno.

Hay razones para dudar que un acuerdo, ya sea hipotético o factual, en la mera afirmación de que la sociedad debería tener algún tipo de gobierno fuera suficiente para conferir autoridad a cualquier forma de gobierno. Si un individuo está de acuerdo en que debería haber un gobierno pero cree que debería ser fundamentalmente diferente del tipo de gobierno al que él de hecho se encuentra sujeto, es dudoso que el gobierno puede justificarse adecuadamente a este ciudadano citando el mero hecho de que está de acuerdo con alguna forma de gobierno. Un caso análogo sería uno en el que un individuo desea que se le pinte su casa de blanco, llega el pintor, y sin el consentimiento del propietario, pinta la casa de verde. El hecho de que el individuo habría consentido a que se le pintara la casa de algún color por algún pintor no le da derecho a ese pintor a pintar la casa de ese color. Cuando contratas un pintor para que pinte tu casa, no es necesario que el propietario consiente a cada detalle del acto del pintor, pero como mínimo debe consentir a las características más importantes, incluyendo la identidad del pintor, el color de la pintura, y el precio a ser pagado. De forma similar, el consentimiento al contrato social no necesita incluir el consentimiento a cada detalle de la estructura y operación del Estado, pero debe como mínimo incluir el consentimiento a su forma básica y los principios más importantes que gobiernan el Estado.12

Desgraciadamente, incluso este nivel básico de acuerdo parece inalcanzable. Así como hay desacuerdos intratables sobre religión, filosofía, moralidad y ciertas cuestiones políticas,de forma que también hay problemas intratables sobre la forma general, estructural y principios rectores del gobierno. No hay razón para pensar que todas las personas razonables van a llegar a un acuerdo sobre los principios básicos de un gobierno  antes de llegar a un acuerdo sobre la religión correcta, la teoría moral correcta, etcétera.

De hecho, sigue habiendo individuos razonables y considerados que creen que la organización social óptima no contendría gobierno alguno.13 Que estos individuos permanezcan una minoría de la sociedad es poco reconfortante a los teóricos del contrato social hipotéticos que intentan mostrar que todas las personas razonables estarían de acuerdo con un contrato social. Los pensadores anarquistas no parecen, por norma general, menos racionales, informados, o razonables que los partidarios de otros puntos de vista políticos. Ellos, por ejemplo, no rechazan ofrecer razones para su punto de vista, rechazan tomar críticas en consideración o rechazan tomar en consideración los intereses de otros. Es por esto que es difícil identificar alguna racionalización que no sea una petición de principios para excluirlos de la clase de personas de quienes se busca su acuerdo. A menos que los anarquistas deban ser simplemente excluidos del acuerdo, los teóricos del contrato social hipotético nos deben una explicación de cómo los anarquistas políticos pueden ser convencidos para aceptar un gobierno.

Se podría pensar que estoy imponiendo un estándar excesivamente estricto para la justificación de los arreglos sociales. Por supuesto, no puede ser que el mero hecho que alguien, incluso una persona razonables, no esté de acuerdo con una práctica en particular o institución no es suficiente para mostrar que esa práctica o institución no esté justificada. El que no está de acuerdo puede estar simplemente equivocado.

En respuesta, lo que he estado aplicando es la restricción, no sobre la justificación de las teorías sociales en general, pero sobre la justificación sobre las teorías sociales a través de apelar al consentimiento hipotético, y esta restricción no deriva de mis puntos de vista filosóficos sino de los de mis oponentes, los teóricos del contrato social hipotético que afirman que el consentimiento hipotético establece la sensatez. Son estos teóricos que han establecido como condición para la legitimidad que todas las personas razonables estén de acuerdo a un contrato social dado. Es por esto, que no yo, sino teóricos del contrato social hipotético como Rawls, Scanlon, y Nagel han concedido como válido el veto del anarquista razonable.

3.3.3 La validez del consentimiento hipotético

El contrato social hipotético se enfrenta a otro problema: incluso si se pudiera mostrar que todas las personas razonables estarían de acuerdo con algún sistema de gobierno, este hecho no establecería la autoridad política.

La legitimidad de un sistema político es una cuestión sobre e la permisibilidad de imponer este sistema a todos los miembros de una sociedad.

Eso es, en parte, una cuestión sobre de la permisibilidad de intencionalmente coaccionar aquellos que desobedecen las normas producidas por el sistema. La teoría del contrato social hipotético, bajo la actual interpretación, ofrece la siguiente justificación para este tipo de coacción: uno puede imponer coercitivamente un estado de las cosas a los individuos, provisto que no fuera razonable por parte de los individuos rechazar ese estado de las cosas.

Este principio se encuentra en conflicto con la moralidad de sentido común. Imagina que un empleador se acerca a un potencial empleado con una oferta equitativa, razonable y atractiva, incluyendo un salario generoso, horas razonables y condiciones de trabajo placenteras, etcétera. Aún así, el empleador, éticamente, no tiene derecho a coaccionar el empleado a trabajar para él en el caso de que el empleado, da igual lo irrazonable que fuere, rechazara la oferta. La razonabilidad de la oferta, junto con el consentimiento hipotético, tendrían muy poco peso ético, como mucho mitigaría ligeramente la maldad de imponer trabajos forzados.

Juicios similares aplican a otros ejercicios de coacción que normalmente requerirían consentimiento: no es permisible para un médico imponer coercitivamente un procedimiento médico a un paciente, incluso si el paciente fuera irrazonable al rechazar el tratamiento; tampoco es permisible que un vendedor extorsione dinero de un cliente, incluso si el cliente fuera irrazonable al rechazar comprar el producto del vendedor; ni para un boxeador obligar a otro boxeador a luchar, incluso si este último fuera irrazonable al rechazar la oferta a un combate.

Observaciones similares aplican a la cuestión de la obligación política. La irrazonabilidad de rechazar un arreglo no es suficiente para generar una obligación de cumplir con el arreglo. El trabajador en el previo ejemplo tiene derecho a rechazar la oferta de empleo, no importa lo irrazonable que sea su rechazo.

Se pueden obtener intuiciones opuestas a través de otra analogía. El naufragio de un buque ha dejado a una serie de personas a una isla inhabitada. La isla tiene una cantidada limitada de animales salvajes, que pueden ser cazados para comer pero deben ser conservados para evitar su extinción. Asuma que el único plan razonable para los pasajeros del naufrágio es cuidadosamente limitar el número de animales cazados cada semana. Parece plausible mantener que los otros pasajeros pueden impedir coercitivamente al pasajero irrazonable de cazar en exceso, en beneficio de todos los de la isla. Es más, la razonabilidad de un límite a la tasa de caza y la irrazonabilidad de rechazar estos límites parece jugar un papel crucial en la justificación de esa coacción.

Cual es la diferencia entre el caso de la isla y el de la oferta de trabajo? La diferencia más importante es que el caso de la oferta de trabajo involucra tomar un recurso, el trabajo del empleado, al que la víctima de coacción tiene un derecho moral; mientras que el caso de la isla involucra la protección de un recurso, los animales salvajes, sobre el cual es plausible adscribir un derecho colectivo, que en parte tiene el coaccionado pero mayoritariamente tienen los coaccionadores. El pasajero irrazonable en este caso, carece de un derecho moral a decidir unilateralmente usar o distribuir los animales salvajes, de forma que un individuo tiene un derecho moral a decidir sobre el uso de su propio trabajo.

Si aceptamos esta explicación de los casos, el contrato social hipotético se parece más al caso del contrato de trabajo rechazado, ya que el contrato social concierne, entre otras cosas, la distribución coercitiva de recursos sobre los que los individuos tienen derechos, Entre otras cosas, el Estado reclama una porción de los ingresos de todas las personas, cualquiera que sea su origen. (Ver la sección 7.1.6 para un mayor análisis sobre si los individuos tienen derechos de propiedad independientemente del Estado.) La coacción del Estado tampoco se lleva a cabo únicamente o incluso principalmente para proteger los recursos colectivos. A menudo, el Estado implementa coacción en servicio de fines paternalistas, moralistas o caritativos para proveer de beneficios económicos indirectos a un pequeño tramo de la sociedad a expensas del resto.14 No consideraríamos a ningún individuo u organización privada con el derecho a usar coacción para este tipo de propósitos, por más razonables que fueran sus planes.

Aquí como en otras partes, nuestras actitudes hacia el gobierno difieren de nuestras actitudes hacia otros agentes. La irrazonabilidad de rechazar claramente no licencia a un individuo privado para imponer por la fuerza los términos de un contrato a otro individuo. Aún así, la irrazonabilidad de rechazar el contrato social se piensa que licencia al Estado para imponer por la fuerza los términos del contrato a sus ciudadanos. Lo que la teoría del contrato social hipotético nos da, entonces, es otro ejemplo de las indulgentes actitudes morales aplicadas al gobierno en vez de una justificación de esas actitudes. Uno debe empezar atribuyendo algún tipo de estatus moral al Estado para creer que el Estado tiene moralmente derecho a imponer por la fuerza a los individuos un arreglo meramente porque sería irrazonable rechazar el arreglo.

3.4 El consentimiento hipotético y las restricciones éticas

3.4.1 La teoría contractual de Rawls como justificación de la autoridad

NOTA DEL TRADUCTOR: Una de las obras de Rawls tiene por nombre ‘Justice as Fairness’ que ha sido traducido al castellano como ‘Justicia como equidad’ y la traducción común al castellano de fairness es justicia, cuando realmente hacen referencia a conceptos diferentes, por lo que se usará en esta traducción, según lo que se crea más apropiado, ‘justicia’ o ‘equidad’ a discreción del traductor. Esto aplica a toda la traducción, pero en este apartado esto es especialmente problemático.

John Rawls es, de largo e incuestionablemente, el filósofo político más influyente  de los últimos cien años. Como un indicador aproximado, una búsqueda de la palabra ‘Rawls’ en el Philosophers Index arroja más de 2,000 clicks para artículos y libros publicados entre 1990 y 2011.  Es principalmente conocido por la teoría del contrato social hipotético de A Theory of Justice. Y es por esto que es de gran interés investigar lo que esta teoría puede enseñarnos sobre la autoridad política.

Rawls idea un escenario hipotético, la ‘posición original’, en la cual los individuos forman un acuerdo sobre los principios básicos para gobernar su sociedad.15  Se asume que estos individuos están motivados solamente por su propio interés, pero que han sido temporalmente privados de todo conocimiento sobre su posición, incluyendo su raza, sexo, religión, clase social, etcétera.16 Esta condición, conocida como ‘el velo de la ignorancia’, previene a las partes de ajustar los principios políticos escogidos a su ventaja; siendo ignorante de la posición de uno en la sociedad, uno deberá procurar diseñar principios justos para todos. Rawls prosigue a argumentar que las personas en esta posición original escogerían dos principios de justicia para gobernar su sociedad.17 Concluye que las personas de hecho deberían adoptar estos principios. (Omito aquí la discusión de los dos principios de justicia de Rawls y el razonamiento que lleva a estos. Mi actual preocupación es si la estrategia argumental de Rawls puede ser utilizada para defender la autoridad política.)

Aunque Rawls no aborda directamente la necesidad de un gobierno en general, uno podría idear un argumento Rawlsiano para la autoridad política. Se podría decir que las partes en la posición original preferirían establecer alguna forma de gobierno en vez de aceptar la anarquía. Si uno pudiera hacer un argumento de peso para esta afirmación, sería esto suficiente para establecer la autoridad política?

Si el contrato hipotético Rawlsiano es capaz de justificar los principios de justicia, es plausible pensar que este contrato también podría justificar el gobierno en general. Pero, ¿como se piensa que el contrato hipotético justifica los principios de justicia? Rawls ofrece las siguientes observaciones:

Dado que todos están situados de manera semejante [en la posición original] y que ninguno es capaz de delinear principios que favorezcan su condición particular, los principios de la justicia serán el resultado de un acuerdo o de un convenio justo.18

[Los principios de justicia escogidos] expresan el resultado de no tomar en cuenta aquellos aspectos del mundo social que desde un punto de vista moral parecen arbitrarios.19

La idea es aquí, simplemente, presentarnos de manera clara las restricciones que parece razonable imponer a los razonamientos sobre los principios de la justicia y, por tanto, a los principios mismos. Así pues, parece razonable y generalmente aceptable que nadie esté colocado en una posición ventajosa o desventajosa por la fortuna natural o por las circunstancias sociales al escoger los principios. Parece también ampliamente aceptado que debiera ser imposible adaptar principios a las circunstancias de nuestro propio caso. Debemos asegurar, además, que las inclinaciones y aspiraciones particulares, así como las concepciones de las personas sobre su bien, no afecten los principios adoptados. … En cualquier momento podemos colocarnos en la posición original, por decirlo así, siguiendo simplemente cierto procedimiento, a saber, el de argumentar en favor de los principios de la justicia conformes con estas restricciones.20

Es pues natural preguntarse por qué, si este acuerdo nunca se llevó a cabo de hecho, habríamos de tener algún interés en estos principios, morales o de otra clase. La respuesta es que las condiciones incorporadas en la descripción de la posición original son aquellas que de hecho aceptamos. O, si no lo hacemos, entonces quizá podamos ser persuadidos a hacerlo mediante la reflexión filosófica.21

Estas observaciones merecen un examen profundo, ya que forman el eje central para la versión del contrato social de Rawls, de lejos la teoría más influyente en la filosofía política contemporánea. Los pasajes anteriores representan toda justificación de Rawls sobre cómo el contrato hipotético justifica principios morales o políticos.22 Es por esto que sería muy difícil exagerar la importancia a la filosofía política de una clara comprensión de estos pocos pasajes.

Al menos se pueden encontrar dos tipos de argumentos en estos pasajes. El primero apela directamente a las restricciones sobre los putativos principios de justicia. Rawls menciona dos tipos de restricciones de este tipo: primero, los principios de justicia deberían ser equitativos para todos los miembros de la sociedad, tratando a todos sus miembros como iguales. Segundo, los principios de justicia deberían ‘dejar de lado’ o, con mayor fuerza, compensar por aspectos sociales del mundo que son arbitrarios des del punto de vista moral, como la situación de un individuo recibiendo beneficios o cargas como resultado de la buena o mala suerte.

El segundo tipo de argumento apela a las restricciones de los argumentos sobre la justicia. En la tercera cita, Rawls sugiere que, en vez de imaginarnos un escenario involucrando a personas ignorantes de su identidad deliberando sobre las normas de una futura sociedad, uno puede llegar al mismo resultado razonando sobre la justicia de acorde con ciertas restricciones – a saber, que uno evita estar influenciado, en los argumentos o principios que uno acepta, por su fortuna natural o circunstancias sociales; que uno evita ajustar los principios de justicia que uno acepta a su propio caso; y que uno evita estar influido por inclinaciones o concepciones particulares para su propio bien. La posición originaria no es más que una herramienta para inducirnos a pensar de esta forma.23 

Más adelante voy a retornar a la cuestión de si esta justificación para hacer uso de la posición original es exitosa. Por ahora, solo considero, si algo, lo que emergería de la posición original.

3.4.2 Podría llegarse a un acuerdo?

Por qué cree Rawls que las partes en la posición original podrían llegar a un acuerdo en vez de estar en desacuerdo persistentemente, como sucede en el mundo actual? La razón es sencilla: ‘[P]uesto que las diferencias entre las partes son desconocidas y puesto que todas son igualmente racionales y se hallan en la misma situación, todas serán susceptibles de ser convencidas por los mismos argumentos.’24

 La conclusión de Rawls no sigue de sus premisas. Rawls asume que, una vez todas las inclinaciones particulares y características individuales (o conocimiento de estas) se ignoran, todas las personas razonables y racionales serán convencidas por los mismos argumentos. Esta premisa resta en un diagnóstico particular del fenómeno del amplio desacuerdo intelectual: que estos desacuerdos se deben exclusivamente a factores como la ignorancia, irracionalidad o sesgos creados por el conocimiento de las características individuales de uno.25  Si éste diagnóstico es correcto, entonces una situación en la que la ignorancia, irracionalidad y sesgos se eliminan debería resultar en un acuerdo general. Pero si el diagnóstico no es correcto y no hay otras formas de desacuerdo, entonces Rawls no nos ha dado ninguna razón para creer que se llegaría a un acuerdo en la posición original.

Como de plausible es que el diagnóstico implícito de Rawls? Mientras que gran parte de desacuerdo es sin duda a causa de la irracionalidad, ignorancia y sesgos personales, es poco probable que todo el desacuerdo pueda ser explicado de esta forma. Fuera de la filosofía política, los filósofos continúan con debate persistentes en epistemología, ética y metafísica, algunos de los cuales cumplen un milenio. Las partes en estos debates comúnmente aparentan igual de racionales, bien informadas e inteligentes. Ninguno aparenta intentar ajustar sus teorías a sus propias circunstancias o estar basados ilícitamente en información personal sobre ellos mismos, si es que estas transgresiones fueran possible en estas áreas. Aún así, los filósofos manifiestamente fracasan en encontrar los mismos argumentos convincentes. Es por esto que es difícil escapar la conclusión de que la mente humana está sujeta a diferentes fuentes de juicio a parte de la irracionalidad, ignorancia o sesgo personal. Y cualquiera que estas fuentes de desacuerdo sean, si operan en epistemología, ética y metafísica no es plausible asumir que están ausentes en filosofía política.

Un diagnóstico más plausible de estos amplios y persistentes desacuerdos filosóficos es que los seres humanos experimentan diferentes intuiciones y otras apariencias intelectuales. Cuando comparamos teorías y argumentos, diferimos en el grado de plausibilidad que vemos en ellas, independientemente de cómo difieren nuestros intereses personales. Individuos con diferentes intuiciones filosóficas y juicios sobre la plausibilidad de una teoría, comprensiblemente y racionalmente, llegarán a diferentes posiciones filosóficas.26 Tampoco se deben eliminar esas apariencias intelectuales, ya que algún sentido de lo que es plausible es esencial a cualquier proceso de pensamiento sofisticado del tipo que involucra el razonamiento filosófico. Un ser sin intuiciones filosóficas no podría, entonces, llegar a un posición filosófica intachable; simplemente no sería capaz de evaluar posiciones filosóficas.

Considera ahora un desacuerdo de particular interés, el desacuerdo entre los anarquistas y estatistas sobre la necesidad del gobierno.27 No hay ninguna razón para pensar que este desacuerdo se evaporara detrás del velo de la ignorancia, ya que Rawls no nos ha dado ninguna razón para pensar que aquellos que de hecho mantienen uno de estos puntos de vista lo hacen solo porque se basan en conocimiento de su posición particular en la sociedad. Los anarquistas no están en desacuerdo con los estatistas por qué los anarquistas tienen una particular posición social o una combinación de características personales que de alguna forma les permitan prosperar en ausencia del gobierno mientras que el resto de la sociedad se desmorona. Si los anarquistas están en lo correcto en sus creencias sobre lo que sucedería, entonces algunos sistemas sin Estado serían mejores para la sociedad en su conjunto que un sistema estatal; y si están equivocados, sería peor para todos, incluido los anarquistas. Cualquiera sea lo que explica este desacuerdo, no es que alguien ajusta los principios morales o políticos a su favor.

En apelar a este ejemplo, nótese que no presupongo que el anarquismo político es correcto; solo asumo que hay anarquistas políticos razonables (me gustaría pensar, que yo incluido). Es tarea del teórico del contrato hipotético demostrar que no los hay. Tampoco presupongo que la legitimidad política requiere una acuerdo sobre todos los detalles. Pero presuntamente, un acuerdo sobre si habría de haber un Estado es lo mínimo que una teoría del contrato social requiere.

3.4.3 La validez del consentimiento hipotético, parte 1: el apelar a resultados equitativos

Ahora me centraré en la cuestión de la eficacia moral de consentimiento hipotético. Anteriormente he mencionado que una forma de leer la justificación de Rawls para la posición original, es como una apelación a las restricciones sobre los principios de justicia, en particular las restricciones que los principios de justicia deberían ser equitativos para todos y que deberían rectificar la arbitrariedad moral en la distribución de ventajas. Puede este enfoque ser usado para defender la autoridad política? Imagina que Sue hace una oferta de comprar el coche de Joe. Dados los hechos sobre el estado del coche, las respectivas situaciones de Sue y Joe, etcétera, la oferta de Sue es plenamente equitativa para ambas partes, no está sesgada a favor de ninguna de las partes. Un propietario perfectamente racional, plenamente informado, y razonable aceptaría la oferta. Aún así, Joe rechaza vender. Es plausible pensar que Joe ha actuado mal? O que Sue debería poder obligar a Joe a vender?

Imagine, seguidamente, que por puro azar, Joe descubre un diamante en su jardín, que le confiere una ventaja material de la que Sue, sin culpa alguna, es privada. Ya que la arbitrariedad moral de la distribución de riqueza resultante podría ser rectificada con una transferencia de riqueza apropiada, está Joe moralmente obligado a dar a Sue la mitad del valor del diamante? Tiene Sue derecho a obligar a Joe a hacerlo?

Como estos ejemplos muestran, el hecho de que un acuerdo hipotético es equitativo o rectifica la arbitrariedad moral, en general, no crea una obligación de actuar de acorde con el acuerdo hipotético, ni tampoco crea un derecho a coaccionar a otros para que acaten el acuerdo hipotético.

Puede que Rawls respondiera a mis ejemplos, como ya respondió a otro crítico,28 observando que sus principios de justicia estaban destinados a aplicarse sólo a las estructuras básicas de la sociedad en vez de interacciones a pequeña escala entre individuos. Hay dos posibles puntos de distinción que Rawls podría plantear. El primero es una cuestión de tamaño: los ejemplos de los previos parágrafos involucran dos individuos en vez de toda una sociedad. Esta diferencia, sin embargo, no tiene relevancia ética. Si una grande corporación hace ofertas a un gran número de personas, el mero tamaño de la corporación no le da derecho a obligar a los individuos a aceptar sus ofertas (incluso cuando son ofertas equitativas), no más que el derecho que tuviera un individuo particular. 

La otra distinción es política: mis ejemplos involucran actores privados mientras que los principios de Rawls prescriben acciones por el Estado. Esta distinción sin embargo, no puede ser empleada en defensa de Rawls sin caer en una petición de principios, ya que la respuesta simplemente presupone que el Estado posee algún estatus moral especial de forma que la coacción por parte de Estado se justifica más fácilmente que la coacción por parte de agentes privados. Si el Estado posee autoridad política, entonces esta suposición sería correcta; sin embargo, como que lo que buscamos es una justificación para la autoridad, uno no puede darla por sentado de esta forma. Sin asignar ningún estatus moral especial al Estado, Rawls no tendría manera de restringir la propuesta justificación para la coacción al caso de agentes del Estado. Y ya que la apelación a la equidad o a la rectificación de la arbitrariedad moral claramente fracasan como justificaciones para la coacción privada, también deberían ser rechazadas como fuente de legitimidad política.

Como estos casos muestran, hay un amplio salto entre lo que plausiblemente podemos tomar que establece el acuerdo hipotético, como la equidad o razonabilidad de un acuerdo, y lo que el defensor de la autoridad política necesita establecer: el derecho de imponer un areglo por la fuerza, incluyendo el derecho a coaccionar perjudicialmente de forma intencionadamente a aquellos que no cooperan y la obligación de los individuos a acceder a ese acuerdo. Mientras que el acuerdo actual puede que establezca estas cosas, el mero consentimiento hipotético no puede.29

3.4.4 La validez del consentimiento hipotético, parte 2: condiciones suficientes para unara un razonamiento moral fiable

La corriente dominante en la defensa de Rawls del contrato hipotético apela a restricciones al razonamiento sobre los principios morales: en el razonamiento moral, uno debe evitar ser influenciado por su propio interés, inclinaciones particulares, u otras características éticamente irrelevantes del individuo. La posición original es una pintoresca forma de implementar estas restricciones que ya aceptamos.

Sea C el conjunto de todas las restricciones razonables al razonamiento moral, esto es, todas las restricciones que se sostiene que forman parte de la posición original de Rawls. Sea J cualquier principio que surge de la posición original; esto es, un principio de justicia u otro principio moral al que todas las partes hipotéticas estarían de acuerdo.30 El argumento de Rawls a favor de J podría entenderse como:

  1. Se puede llegar a J por un razonamiento que satisface C.
  2. Si podemos llegar a un principio moral a través de un razonamiento que satisface C, entonces es correcto.
  3. Por lo tanto, J es correcto.

También podríamos considerar variaciones de este argumento; por ejemplo, para ‘es correcto’, podríamos sustituirlo por ‘es probablemente correcto’, ‘está justificado’, o ‘debería ser adoptado’. Mis críticas a continuación deberían tomarse como que aplican también a estas versiones debilitadas del argumento.

La premisa (1) es cierta por estipulación. Pero no está claro cómo uno debe aceptar la premisa (2). Aunque es plausible que las restricciones que Rawls identifica sean condiciones necesarias para la fiabilidad o persuasión razonable del razonamiento moral, Rawls no hace intento alguno de mostrar que abarca todas las condiciones para argumentos morales fiables o razonablemente persuasivos.

Una dificultad relacionada concierne al salto entre la aceptabilidad procesal y la certeza substantiva. Incluso si Rawls es exitoso en identificar todas las restricciones procesales a los argumentos morales, que una persona satisfazca estas restricciones – no está sesgada, no comete falacias, etcétera – no garantiza la certeza de sus conclusiones. La certeza de las conclusiones de uno, cualquier sea el campo de investigación, depende, en parte, de lo certera y completa que sea la información desde la que uno razona. Esto se ve fácilmente en ejemplos involucrando el razonamiento científico. Isaac Newton creía en una teoría equivocada, no a causa de ningún error procedimental en su razonamiento sobre la física, sino a causa de poseer información incompleta – específicamente, su ignorancia de fenómenos relativistas y cuánticos.

El mismo principio se mantiene para teorías normativas, donde la información necesaria es, como mínimo en parte, evaluativa. Esto es, la posibilidad de llegar a conclusiones morales aceptables depende en parte de la certeza substantiva y de lo completos que sean los valores iniciales de uno. Si una persona se ha equivocado en sus valores finales, como la creencia de que el dolor es intrínsecamente bueno, o si sus valores básicos son correctos pero incompletos, como en el caso de uno que, equivocadamente, toma el placer como el único bien intrínseco, entonces, esta persona muy probablemente llegará a conclusiones normativamente incorrectas, incluso si su razonamiento es procedimentalmente perfectamente aceptable, vacío de sesgos por el propio interés. Por lo tanto, para estar seguros que las partes en la posición original llegan sólo a conclusiones normativas correctas, uno debe dotar a las partes de valores completos y correctos, estipulando que sólo usen esos valores correctos para llegar a su decisión.

Una explicación del fracaso de Rawls en incorporar esta estipulación, puede ser porque le requeriría resolver debates intractables dentro de teoría moral sobre cuáles son los valores morales correctos antes de caracterizar la posición original y obtener conclusiones de esta. Esta dificultad, sin embargo, no muestra que Rawls está justificado en omitir la condición de valores correctos y completos desde la posición original; muestra que las expectativas de utilizar la posición original para justificar principios normativos son escasas. Sólo si C incluye una restricción de valores correctos y completos es plausible afirmar que la premisa (2) es cierta, y uno no debe, al construir un argumento filosófico, dispensar de una condición necesaria para la plausibilidad de la premisa del argumento meramente porque esta condición interfiere con la construcción del resto del argumento. Una analogía es el caso el hombre que ha perdido sus llaves en un callejón oscuro pero decide buscarlas bajo una farola ya que la luz es mejor allí. La dificultad en identificar la teoría ética exhaustiva y correcta  y sus implicaciones políticas no evita que la información sea necesaria para garantizar conclusiones moralmente correctas  al igual que la dificultad de ver en un callejón oscuro no previene que las llaves estén allí.

He interpretado el argumento Rawlsiano como afirmando que algún principio J es correcto o debería ser adoptado. Suponga que debilitamos esto a afirmar que es permisible adoptar J o que J no es ilegítima. Esto puede hacer el argumento más plausible, ya que parece menos inverosímil que Rawls haya proporcionado suficientes condiciones para la permisividad de un arreglo político de que haya proporcionado condiciones suficientes para la certeza de un arreglo político. Pero esta versión débil del argumento realmente no evita el problema analizado. Se requiere una cantidad adecuada de premisas morales básicas correctas para identificar los cursos de acción permisibles, no menos que los obligatorios. Suponga, por ejemplo, que los individuos tienen derechos pero Alastair desconoce este hecho. Alastair puede, entonces, ser llevado a concluir, falsamente, que ciertas acciones son permisibles (en particular acciones que de hecho violan los derechos de las personas) sin cometer ningún error procedimental en su razonamiento. Mi argumento aquí no presupone ni que hay de hecho derechos individuales; el punto es simplemente que uno necesita saber la verdad sobre estas cosas para asegurarse de identificar fiablemente lo que es permisible.

En resumen, los argumentos presentados para la eficacia del consentimiento hipotético fracasan porque la posición original encarna solo ciertas condiciones necesarias para la fiabilidad del razonamiento normativo en vez de condiciones suficientes para la certeza de las conclusiones normativas. Si la posición original es modificada para incluir las condiciones suficientes para la certeza normativa, se hace difícil o imposible determinar qué principios serían acordados.

3.4.5 La validez del consentimiento hipotético, parte 3: condiciones necesarias para la fiabilidad del razonamiento moral

Queda una interpretación restante del argumento de Rawls. Bajo esta interpretación, la restricción conjunta C representada por la posición originaria se sostiene que es necesaria pero no suficiente para la aceptabilidad de los argumentos morales. Si tomamos este punto de vista, podemos argumentar lo siguiente:

  1. J es únicamente coherente con C.
  2. C es correcta.
  3. Entonces, J es correcta.

‘Coherente’ en (1) debería entenderse como refiriéndose a cualquier relación que permite a C dar apoyo o descartar un principio moral. Por esto, (1) puede significar que solo podemos llegar a J razonando de acorde con C, que la certeza de J viene dada por la certeza de C, que J satisface C a un mayor nivel que cualquier otro principio, o similares. Comprendido así, la premisa (1) es una afirmación muy exigente, aunque no la he hecho más exigente que lo que el argumento demanda: si C es meramente necesaria pero no suficiente para la certeza moral, entonces una premisa sobre el efecto que J es coherente con C no mostraría que J es correcto; lo que uno debe mostrar es que no hay principios alternativos coherentes con C.

La premisa (1) se expone a una amplia y potente evidencia contraria. Hay muchos filósofos que parcen haber llegado a conclusiones alternativas a través de un razonamiento que satisface C. Los diversos pensadores que adhieren al utilitarismo, igualitarianismo , liberalismo, o anarquismo por lo general no aparecen haber violado ninguna restricción sobre el razonamiento moral comúnmente aceptada, ni Rawls en ningún sitio se adentra a mostrar que lo han hecho.

Como caso concreto, considere el utilitarismo, la teoría de que la acción correcta (ya sea para el individuo o para el Estado) es siempre la acción que produce mayor beneficios totales netos, sumando todos los beneficios para todos los afectados por la acción. Rawls nos dice que esta es la teoría con la cual estaba más preocupado a proporcionar una alternativa sistemática.31 También afirma que la función de la posición original es simplemente ‘para descartar aquellos principios que sería racional proponer… sólo si uno conociera ciertas cosas que son irrelevantes des del punto de vista de la justicia’.32 El utilitarismo por seguro no es un ejemplo de un principio moral que tendría sentido proponer si uno tiene información relevante des del punto de vista de la justicia, como la información de la raza de uno, género, clase social, etcétera. Cualquier cosa que se pueda decir al respecto, puede que el utilitarismo sea la teoría ética menos susceptible a la acusación de parcialidad indebida. El pensamiento de los utilitaristas actuales, por lo tanto, parece proveer un contraejemplo convincente a la premisa (1).33

¿Qué argumento ofrece Rawls a favor de (1)? En la motivación de la construcción de la posición original, él presenta argumento que la posición original encarna C. Él también argumenta detenidamente que se escogerían ciertos principios en la posición original.34 Pero ninguna de estas cosas podría tomarse como algo que establezca la premisa (1). En conjunto, puede que muestran que hay un ejemplo de razonamiento que satisface C – eso es, el razonamiento de las partes en la posición original – que lleva a J. Pero sería falaz inferir que no hay ninguna otra posible vía de razonamiento que satisfazca C que lleve a un principio alternativo (en lógica Aristotélica, esto es conocido como la falacia del ilícito menor).35 Y de hecho, como hemos visto, hay ejemplos de razonamientos que satisfacen C que son inconsistentes con J, como el razonamiento de los utilitaristas.

3.5 Conclusión

El acuerdo hipotético es normalmente eficaz solo cuando (i) no es factible solicitar acuerdo real y (ii) que es razonable pensar que la o las partes relevantes estarían de acuerdo en base a sus creencias generales y valores reales. En el caso del contrato social hipotético, estas condiciones no se satisfacen.

La filosofía contemporánea sugiere tres formas en las que un contrato social hipotético podría, sin embargo, tomarse como moralmente relevante. Primero, el acuerdo hipotético podría tomarse como que muestra que arreglos sociales no podrían rechazarse razonablemente. Este argumento fracasa ya que no hay razones para pensar que se podría llegar a ningún acuerdo. Incluso si pudiera llegarse a un acuerdo, la mera irrazonabilidad de alguien al rechazar  un arreglo típicamente no hace moralmente permisible el coaccionar a esa persona a aceptar el arreglo, ni tampoco impone a los individuos una obligación de aceptar el arreglo.

Segundo, el acuerdo hipotético puede tomarse como que muestra que un arreglo social es equitativo. De nuevo, no hay razón para creer que podría llegarse a un acuerdo general sobre un sistema político, incluso entre personas racionales, informadas por igual y que carecen de conocimiento sobre sus identidades individuales, y en cualquier caso el mero hecho de que un arreglo es equitativo, no hace moralmente permisible coaccionar a personas a aceptar el areglo, ni impone a los individuos una obligación de aceptar el arreglo.

Tercero, el acuerdo hipotético podría tomarse como que muestra que un conjunto de principios morales refleja ciertas restricciones razonables sobre el razonamiento moral. Estas restricciones pueden tomarse tanto como condiciones colectivamente suficientes o  meramente como condiciones colectivamente necesarias sobre la aceptabilidad de una instancia de razonamiento moral. Si las restricciones deben ser suficientes para la aceptabilidad del razonamiento moral, deben incluir la condición de valores correctos y completos por parte de quien razona. Pero esta condición haría que el contrato hipotético fuera inutilizable, ya que uno necesitaría determinar la teoría moral exhaustiva correcta. Si, por otra parte, uno se basa solo en condiciones necesarias para la aceptabilidad del razonamiento moral, entonces uno debe argumentar que toda teoría política menos una viola como mínimo una condición necesaria sobre la aceptabilidad del razonamiento moral. Nadie ha argumentado a favor de esta afirmación, y los desacuerdos razonables entre teóricos parecen plantear una fuerte evidencia en contra.

Es por esto, que meramente moverse a un contrato hipotético no puede salvar a la teoría del contrato social. No hay razón para pensar que se podría llegar a un acuerdo incluso en los escenarios hipotéticos concebidos por la mayoría de teóricos, ni que este consentimiento hipotético sería moralmente relevante si pudiera ser alcanzado.


Notas

1. La mayoría de las teorías modernas del contrato social hipotético tienen el propósito de abarcar más que la autoridad política. Típicamente, su objetivo es explicar de la moralidad que concierne, en palabras de Scanlon (1998, 7), lo que nos debemos unos a otros. Para los propósitos de este capítulo, supondré las teorías de pensadores contemporáneos como Rawls y Scanlon adaptadas de forma que justifiquen los fundamentos de la autoridad política.

2. Waldron (1993, 49) cita este caso a favor de la relevancia política y moral de consentimiento hipotético. Drowkin (1989, 19) analiza casos de este tipo pero con mayor escepticismo sobre su relevancia política.

3. Mill (1978, capítulo V, 95) aduce al caso en el que un transeúnte coercitivamente retiene a un hombre de cabalgar por encima de un puntene que el transeúnte pero no el jinete conoce ser peligroso. Aquí, parece razonable apelar al juicio del que el jinete probablemente habría consentido a ser retenido si conociera el estado en el que se encuentra el puente – a pesar del hecho que este hipotético visualiza una alteración de las creencias del jinete. Es por estos casos que he incluido el cualificador de ‘fundamental’ y ‘religiosas, filosóficas y morales’ antes de ‘creencias’ en este análisis.

4. Nagel (1991, 33-40) avanza esa sugerencia, aplicando la teoría contractual de la moralidad de  Scanlon (1998) al problema de la autoridad política.

5. Scanlon 1998, 5 298-9; Nagel 1991, 36; Rawls 2005, 137.

6. Nagel 1991, 50-2.

7.  Ver Huemer 1996, respondiendo a (una previa edición de) Rawls 2005. Ver Huemer 1996, respondiendo a (una previa edición de) Rawls 2005.

8. Rawls 2005, 145, especialmente la nota 12, citando a Locke 1990.

9. Locke 1990, 64, 61.

10. Rawls 2005, 170.

11. Para una indicación preliminar de la diversidad de concepciones de la justicia distributiva, ver Rawls 1999, Cohen 1992, Harsanyi 1975; y Nozick 1974.

12. Gaus (2003, 216-17) argumenta que la legitimidad política requiere el acuerdo entre todas las personas razonables sobre los principios generales, aunque pueden permanecer desacuerdos en la interpretación de estos principios. Erróneamente asume que el acuerdo sobre principios generales es común.

13. Ver Rothbard (1978); Friedman (1989); Barnett (1998); Wolff (1998); Chomsky (2005); Sartwell (2008). En Stringham 2007, ver los artículos por Tannehills, Barnett, Friedman, Hoppe, Rogers y Lavoie, Long, Hasnas, Childs, Cuzán, Caplan y Stringham, de Jasay, Leeson  y Stringham, y Anderson y Hill.

14. Ver la sección 5.4.2, para una taxonomía más completa de las actividades gubernamentales.

15. Rawls 1999. Este tipo de experimento mental fue usado por primera vez para por Harsanyi (1953; 1955) para derivar principios de justicia distribua, Harsanyi argumentó que el experimento mental apoyaba al utilitarismo.

16. Rawls (1999, 12, 111) distingue su premisa de ‘partes mutuamente desinteresadas’ de la premisa de egoísmo. Aún así, la distinción se basa en la equivocada premisa de que solo deseos de cosas como riqueza, poder y prestigio cuentan como ‘egoístas’ o ‘interesadas’. Serios teóricos del egoísmo ético rechazan esta premisa (Hunt 1999).

17. Al final de A Theory of Justice (1999, 509), Rawls analiza qué principios serían escogidos en la posición original si las partes tuvieran una lista más completa de principios a escoger en vez de la lista más corta que Rawls considera previamente en el libro: ‘Dudo, sin embargo, que los principios de justicia (como los he definido) serán la concepción preferida sobre nada similar a una lista completa.’ Sin embargo, voy a dejar a un lado esta aparente admisión de que los principios de justicia de Rawls no siguen de su estrategia argumental.

18. Rawls 1999, 11

19  Ibid., 14.

20. Ibid., 16-17; cf. 199-20.

21. Ibid., 19.

22. Rawls dedica §4 en A Theory of Justice al argumento, que vuelve a exponer en Rawls 1985, 236-9, y Rawls 2001, 17-18. Ninguno de estos pasajes contienen ningún detalle adicional significativo más allá de las citas reproducidas en el texto.

23. Rawls enfatiza esta idea más vehementemente en su 1985, 236-9.

24. Rawls 1999, 120.

25. En sus obras posteriores, Rawls parece que renuncia a este diagnóstico, reconociendo el desacuerdo como el resultado natural del libre ejercicio de la razón humana (2005, 36-7, 54-8). Sin embargo, el diagnóstico es necesario en su argumento de A Theory of Justice.

26. En Huemer 2007, argumento que todas las creencias racionales se basan en cómo las cosas le parecen al que las cree. En particular, ver Huemer 2005, capítulo 5, sobre el papel de la intuición en la ética. Ver Huemer 2011 sobre el papel de las normas epistémicas centradas en agente para explicar el desacuerdo racional. Pero ver Hanson y Cowen (2004) para un punto de vista opuesto.

27. Utilizo ‘estatista’ para el punto de vista que el gobierno debe existir; eso es, la alternativa al anarquismo político.

28. Ver Rawls 1974, 141-2, respondiendo a las críticas de  Harsanyi (1975) al maximin como regla de toma de decisiones.

29.  La reciente defensa del contrato social hipotético de Stark (2000) concede este punto. Ella propone que un contrato hipotético puede ‘justificar’ principios políticos de alguna forma, aún así niega que puede mostrar que uno esté obligado a seguir estos principios o que el Estado tenga derecho a imponer estos principios (321, 326).

30. Aunque inicialmente describe su teoría del contrato hipotético como una forma de llegar a los principios de justicia (1999, secciones 1-4), Rawls después apela al contrato hipotético como justificación para principios éticos en general (secciones 18-19, 51-2).

31.  Rawls 1999, xvii-xviii.

32. Rawls 1999, 17.

33. Podría decirse que el razonamiento utilitarista viola la restricción de desinterés mutuo que Rawls incorpora en la posición original (1999, 12). Pero esto apenas puede consistir una restricción genuina al razonamiento moral aceptable, ya que no es el caso que el razonamiento moral de uno es defectuoso si uno tiene en cuenta los intereses de otros. De forma similar para la sugerencia de que el utilitarismo viola la restricción de que uno no puede basarse en ninguna concepción del bien.

34. Pero ver Harsanyi 1975 para argumentos de peso que la posición original realmente lleva al utilitarismo.

35. En lógica Aristotélica, el ‘término menor’ en un silogismo es el término que aparece como el sujeto de una conclusión. Si el término menor se encuentra en la conclusión, entonces debe encontrarse como mínimo en una premisa. Aproximadamente, esto significa que si una conclusión hace una afirmación que aplica a todos los miembros de una clase determinada, como mínimo una premisa debe contener información aplicable a todos los miembros de esta clase. En este caso, la conclusión deseada es que todo razonamiento moral que satisface C es consistente con J (esto es parafrasear (1)), de forma que el término menor es ‘razonamiento moral que satisface ’, y este término se encuentra en la conclusión deseada. Ya que cualquier afirmación que haga Rawls sobre la posiciónoriginal sólo concierne un caso de razonamiento que satisface C, el término menor no se encuentra en las premisas.

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