El Problema de la Autoridad Política: Capítulo 5

Esta entrada forma parte de una serie de entradas en las que se hace una traducción amateur de la Parte I del libro The Problem of Political Authority: An Examination of the Right to Coerce and the Duty to Obey del filósofo Michael Humer. Todo el material traducido hasta la fecha se puede encontrar en la parte correspondiente de Proyectos. Cualquier corrección es bienvenida. Si están interesados en el libro, no duden en comprarlo y así apoyar al autor.

IMPORTANTE: En la literatura hay algunos argumentos (de Sunstein, Holmes, Nagel, etc) que puede que intenten esquivar parte de los argumentos de Huemer haciendo énfasis en la interrelación de la existencia de la propiedad privada y el marco legal actual, el cual el Estado parcialmente ‘crea’ y vela por su cumplimiento. Huemer ya comenta más adelante en su obra que sus argumentos no dependen de una teoría de la propiedad pero también responde a estos argumentos en ‘Is Wealth Reditribution a Rights Violation?


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Consecuencialismo y Equidad

5.1 Argumentos consecuencialistas a favor de la obligación política

5.1.1 La estructura de los argumentos consecuencialistas a favor de la obligación política

Los argumentos más simples a favor de la autoridad política son los consecuencialistas. Por ‘argumentos consecuencialistas a favor de la autoridad’, me refiero a argumentos que adscriben peso moral a la bondad o maldad de las consecuencias de una acción y que apelan directamente a ese factor en intentar derivar la obligación y legitimidad política.1 En esta sección me centro en los argumentos a favor de la obligación política.

Estos argumentos proceden en dos etapas. Primero, uno argumenta que hay valores muy importantes garantizados por el gobierno y que no podrían ser garantizados sin el gobierno. Segundo, uno argumenta que este hecho impone en los individuos una obligación a obedecer el Estado, en base a que (a) tenemos un deber de promover esos valores abordados en la primera etapa del argumento o como mínimo no debemos socavarlos, y (b) la obediencia de la ley es la mejor forma de promover esos valores y la desobediencia es una forma de socavarlos.

5.1.2 Los beneficios del gobierno

Se han atribuido muchos beneficios al gobierno, pero hay tres que son particularmente importantes. El primer gran bien atribuido al gobierno es el de la protección de crímenes cometidos por individuos contra otros individuos, especialmente crímenes violentos y delitos contra la propiedad. El gobierno provee de este beneficio al asignar castigos a actos injustos – asesinato, robo, violación y demás – que los individuos cometen unos contra otros. Sin el gobierno, mucha gente cree que este tipo de acciones injustas y dañinas serían mucho más comunes de lo que son. Aquellos que son más pesimistas sobre la naturaleza humana temen que la sociedad sería reducida a un estado barbárico de constante guerra de todos contra todos.2 Hay dos cuestiones estrechamente relacionadas. Uno es que el gobierno incrementa el bienestar social general a través de prevenir que pasen ciertas cosas malas. La otra es que el gobierno promueve la justicia a través de reducir el número de actos injustos que ocurren.3

El segundo mayor beneficio atribuido al gobierno es la provisión de una serie de normas de conducta social detalladas, precisas y públicas que aplican uniformemente a través de la sociedad. ¿Porque necesitamos el gobierno para proveer estas normas? Hay principios naturales de justicia que preceden el Estado y que los individuos pueden apreciar intuitivamente. Aún así, estos principios naturales son vagos y generales, y no proveen suficiente guía para la vida social moderna. Por ejemplo, ¿es éticamente permisible emitir contaminantes en el aire, digamos que desde el propio automóvil, o esto viola los derechos de aquellos que inhalan los contaminantes? Es plausible que uno pueda liberar ciertos niveles y tipos de contaminación pero no niveles excesivos o de contaminantes excesivamente tóxicos. ¿Pero exactamente cuánta contaminación puede uno emitir y de qué tipos? No es creíble que los principios naturales de justicia determinen respuestas únicas a todo este tipo de preguntas ni, si lo hacen, los individuos las aprecien de forma fiable a través de la reflexión. A pesar de esto, necesitamos respuestas aceptadas a estas cuestiones para que las personas puedan coordinarse y para tener relaciones predecibles y pacíficas unos con otros. Un gobierno, algunos argumentan, es la única fuente fiable de este conjunto de normas generalmente aceptadas.4

Un tercer destacado beneficio proveído por el gobierno es el de la defensa militar. Sin un medio de defensa militar, parece, seríamos presa fácil para países extranjeros que buscan esclavizarlos o robar nuestros recursos. Dado el poder militar de los gobiernos alrededor del mundo, una defensa efectiva de un territorio parece requerir de un ejército organizado con tecnología militar moderna. La única forma de contar con tal ejército parece ser la de tener nuestro propio gobierno.

En la Parte II de este libro, desafio la extendida asunción que el gobierno es necesario para proveer estos beneficios. Aún así, en este capítulo voy a conceder la premisa como hipótesis. Mantengo que, incluso con esta concesión, uno no puede derivar autoridad política tal y como es comúnmente entendida.

5.1.3. El deber de hacer bien

Los argumentos consecuencialistas a favor de la obligación política afirman que las personas tiene un deber de promover cierto valor o valores; por ejemplo, un deber de promover la justicia, de promover la utilidad, o de ayudar en rescatar a otros del peligro.5 El deber no necesita entenderse como absoluto o incondicional; bien puede ser que el deber prevalece sólo cuando hay la amenaza de un gran daño o gran injusticia, y bien puede ser que incluso en esas condiciones, el deber pueda ser anulado por razones contrarias suficientemente fuertes. Esto es consistente con la noción de que el deber a obedecer la ley solo necesita ser un deber prima facie.

Tome el caso en el que te encuentras un niño ahogándose en un estanque poco profundo: fácilmente podrías entrar en el estanque y salvar el niño, aunque entrar implicaría ensuciar tu ropa y perderte una clase.6 Casi todo el mundo está de acuerdo que en esta situación, estás moralmente obligado a ayudar al niño. Podríamos poner reparos en circunstancias más demandantes – si el niño se estuviera ahogando en el océano y tu tuvieras que poner tu vida en riesgo para salvar al niño, entonces no estarías obligado a hacerlo. En estas situaciones es apropiado poner la vida de uno mismo por encima de la de un desconocido. Pero cuando algún gran mal amenaza otra persona y puedes prevenirlo a un mínimo coste, estaría mal no hacerlo.

Hay algunos que desafiarían esta modesta afirmación ética, apelando a una forma extrema de individualismo.7 No tomo esa vía. Busco basarme en posturas morales ampliamente compartidas de sentido común, las cuales tomo que incluyen el modesto principio de un deber de hacer bien descrito en el parágrafo anterior.

Los que plantean argumentos consecuencialistas a favor de la obligación política, argumentan que una obediencia general hacia la ley es necesaria para el funcionamiento del Estado. Si demasiados ciudadanos desobedecen, el Estado colapsará, y sus enormes beneficios desaparecerían.8 Es más, argumentan, que los costes de la obediencia, aunque significativos, son razonables a la vista de los beneficios, ya que la mayoría de las personas reciben sustancialmente mayores beneficios que costes del Estado.9 En consecuencia, un principio moderado de un deber de hacer bien lleva a la conclusión de que estamos generalmente atados a obedecer la ley . O esto argumentan algunos.

5.1.4. El problema de la redundancia individual

Puede ser cierto que a obediencia general de la ley es un requisito para que el gobierno provea los beneficios que provee. Pero no es cierto que cada ley debe ser generalmente obedecida; hay muchas leyes que son rutinariamente evadidas sin que el gobierno colapse como consecuencia de ello. Tampoco es cierto para ningún individuo que la obediencia de ese individuo sea necesaria para que el gobierno provea de los beneficios que provee. Es plausible que haya cierto nivel de desobediencia que causaría un colapso gubernamental. Pero mientras estemos lejos de ese nivel,  cualquier individuo puede desobedecer sin consecuencias para la supervivencia del gobierno.

Por supuesto, hay algunas leyes que deberías obedecer por razones morales independientes. Por ejemplo, no deberías robar a otras personas. Esto no es porque al hacerlo puede que derrumbes el gobierno. Es porque robar a otras personas sería una injusticia hacia a las personas específicamente robadas. Esto no es un ejemplo de obligación política; es simplemente un ejemplo de una obligación moral general hacia otras personas. Muchas leyes corresponden de forma similar a convincentes principios morales independientes. Para defender la obligación política, uno debe argumentar de que hay una obligación con independencia del contenido de obedecer la ley por el hecho de ser la ley (Sección 1.5) – eso es, que uno incluso debe obedecer leyes que no corresponden a principios morales independientes.

Retomemos el caso del niño ahogándose en un estanque poco profundo (Sección 5.1.3) . Pero esta vez, suponga que hay otras tres personas cerca preparadas para salvar el niño. Ellos no necesitan ayuda: no hay peligro de que el niño se ahogue o sufra severos daños si no le asistes. Es más, los otros van a entrar al estanque y ensuciar sus prendas tanto si entras o no en el charco. ¿En este caso debes entrar a salvar el niño? Hacerlo simplemente implicaría asumir costes sin ningún beneficio añadido a nadie. Tu deseo de evitar ensuciar tus prendas o perderte una clase ciertamente no justificarían dejar que un niño se ahogara. ¿Pero no justificaría dejar que el niño sea salvado por otros en vez de parcialmente por ti?

En el caso del ciudadano decidiendo si obedecer la ley es más análogo a la última versión del niño que se ahoga que a la versión original: mientras que el funcionamiento del gobierno requiere obediencia, ya hay suficientes personas obedeciendo la ley de forma que el gobierno no está en riesgo de colapsar si desobedeces. Estas otras personas van a continuar a obedecer tanto si obedeces como si no. En esta situación, tu propia obediencia es tan redundante como la del extra salvador entrando en el pozo cuando ya hay tres salvadores en vías de rescatar el niño.

5.2 Consecuencialismo de la regla

Afirmo que uno puede violar la ley cuando la ley cuando lo que la ley manda no es requerido por razones morales independientes y no va a resultar en serias consecuencias negativas. Este tipo de sugerencia es comúnmente respuesta con el desafío: ‘Y si todo el mundo hiciera esto?’ Esta pregunta intenta sugerir un argumento moral en contra de este tipo de comportamiento, pero el contenido preciso del argumento no es obvio. No parece ser una simple apelación consecuencialista – la sugerencia no es que, en violar la ley, es probable que uno induzca a todos a hacer lo mismo (cualquiera que exactamente cuente por ‘lo mismo’). Más bien, parece sugerir que el hecho que estaría mal si todo el mundo lo hiciera, es por sí mismo una fuerte razón para no hacer esa cosa. Esta idea está estrechamente relacionada con la del consecuencialismo de la regla en ética. El consecuencialismo de la regla mantiene que, en vez de siempre escoger aquella acción particular que va a producir las mayores consecuencias dadas las presentes circunstancias, uno debería actuar de acorde a reglas generales y uno debería escoger esas reglas que, si fueran generalmente adoptadas, tendrán las mejores consecuencias.10

En algunos casos, esta idea es plausible. Considere el caso del césped recién plantado en el campus de una universidad. Los estudiantes y profesores están tentados a tomar atajos a través del césped mientras se desplazan de edificio a edificio. Una persona tomando un atajo por el césped no va a tener ningún efecto visible. Pero si todo el mundo lo hace, el inmaculado césped va a ser estropeado por un sendero de pisadas a través de este. Asuma que la pérdida de valor estético a causa del sendero supera el beneficio total que provee en términos del tiempo ahorrado. En esta situación, muchos encontrarán plausible que uno no debería ir a través del césped. Esto parece ser una ilustración del principio ‘¿Y si todo el mundo hiciera esto?’, el principio que uno no debe hacer aquello que estaría mal si fuera generalmente adoptado.

Pero en otros casos, el principio parece absurdo. Suponga que decido ser un filósofo profesional. Esto parece permisible. ¿Pero y si todos hicieran esto? Todo el mundo filosofaría todo el día, y todos moriríamos de inanición. Es de suponer que esto no muestra que de hecho está moralmente mal ser un filósofo profesional. De hecho, no todos moriríamos de inanición, porque todos los granjeros no van a ser filósofos por el hecho de que yo decida serlo. En este caso, ‘¿Qué pasaría si todo el mundo hiciera lo que yo hago?’ parece irrelevante.

Uno puede intentar salvar el consecuencialismo de la regla de esta crítica a través de tomar una interpretación más laxa de la ‘regla’ bajo la que actúo. Puede que, cuando decido ser un filósofo, no estoy actuando de acorde con la regla ‘Sé un filósofo’ sino bajo otra regla más compleja, como ‘Sé un filósofo, provisto de que haya suficientes personas en otras profesiones para que tu decisión no tenga serias consecuencias negativas’. Si todo el mundo actuara en base a esas reglas, entonces no todos moriríamos de inanición.

Pero tal y como afirmo seguir la regla ‘Sé un filósofo, provisto de que haya suficientes personas en otras profesiones para que tu decisión no tenga serias consecuencias negativas’, los individuos que deciden violar la ley podrían afirmar seguir alguna norma como ‘Viola la ley cuando lo que la ley manda no es requerido por principios morales independientes, provisto que no hay demasiadas personas violando la ley’ o ‘… provisto que el hecho de que lo haga no tiene serias consecuencias negativas.’ El provisto añadido al final de la regla es perfectamente paralelo al provisto añadido a la regla ‘Sé un filósofo’, de forma que cualquier razonamiento que nos permita incluir este último provisto ciertamente da licencia a la inclusión del anterior. Parece que, entonces, el consecuencialismo de la regla sólo es defendible si no da soporte a una defensa general de la obligación política.

5.3 Equidad

NOTA DEL TRADUCTOR: Una de las obras de Rawls tiene por nombre ‘Justice as Fairness’ que ha sido traducido al castellano como ‘Justicia como equidad’ y la traducción común al castellano de fairness es justicia, cuando realmente hacen referencia a conceptos diferentes, por lo que se usará en esta traducción, según lo que se crea más apropiado, ‘justicia’ o ‘equidad’ a discreción del traductor. Esto aplica a toda la traducción, pero en este apartado esto es especialmente problemático.

5.3.1 La teoría de la equidad de la obligación política

Otra explicación mantiene que uno debe obedecer la ley ya que desobedecer es injusto hacia el resto de los miembros de la sociedad, que por lo general obedecen.11 Me voy a referir a este tipo de obligación como la obligación de ‘jugar limpio’.

El argumento no es consecuencialista –  la afirmación no es que la desobediencia va a causar consecuencias dañinas. Aún así, es fácil pasar de las teorías consecuencialistas a la teoría de la equidad. Una vez nos damos cuenta que la desobediencia individual no tiene consecuencias adversas, es natural pasar al consecuencialismo de la regla, apelando a las consecuencias de la desobediencia general. Pero nos encontramos muchos casos, como el de una persona decidiendo si ser un filósofo académico, en el que no hay nada de malo con hacer algo que sería extremadamente desastroso si todo el mundo lo hiciera. Debemos explicar qué diferencia los casos en los que parece mal realizar una acción que estaría mal si todo el mundo la hiciera de lo que los casos en los que parece perfectamente correcto realizar esta acción. La teoría de la equidad ofrece una respuesta atractiva a esta cuestión: es una cuestión de si la acción trata a los otros injustamente.

No hay nada injusto en ser un filósofo, a pesar de que estaría mal si todo el mundo lo hiciera. Al ser un filósofo, yo no, por ejemplo, incremento la carga sobre los miembros de otras profesiones. Al contrario, los miembros de otras profesiones prefieren menor competencia y por lo tanto prefieren que solo unos pocos ingresen en su profesión.

Contraste el siguiente escenario. Estás en un bote salvavidas con otras personas. Os alcanza una tormenta, y está entrando agua en el bote, que necesita ser sacada fuera del bote. El resto de pasajeros cogen cubos y empiezan a sacar el agua. Los esfuerzos del resto de pasajeros son claramente suficientes para mantener el bote a flote; en consecuencia, no hay graves consecuencias negativas si rehúsas a sacar agua. Aún así parece obvio que deberías ayudar a sacar agua del bote. Intuitivamente, parecería injusto dejar que el resto haga todo el trabajo.

¿Por qué es esto injusto? Las características importantes de la situación parecen ser las siguientes:

i) Hay un gran bien siendo producido por las acciones de otros – en este caso, el bote se mantiene a flote. En contraste, si el resto estuvieran haciendo algo dañino (digamos que echan agua dentro del bote), inútil (digamos que, rezan a Poseidón), o de valor meramente trivial (digamos que, se entretienen unos a otros contando historias), entonces no estarías obligado a ayudar.

ii) El resto asume el coste causalmente necesario para la producción del bien. En este caso, el coste del esfuerzo involucrado en sacar agua del bote.

iii) Recibes una porción equitativa del beneficio producido. En este caso, evitas ahogarte.12

iv) Tu participación al arreglo cooperativo causalmente contribuiría a la producción del bien.

v) Los costes de tu participación son razonables y no son significativamente mayores que los costes llevados a cabo por el resto.

vi) Tu participación no interferiría con algo más importante que tuvieras que hacer. Por ejemplo, suponga que en vez de sacar agua del bote, decides atar los víveres al bote para prevenir que caigan por la borda. Asuma que esto es más importante que ayudar a sacar agua del bote. En este caso, no es injusto abstenerse de ayudar a sacar agua.

Cuando se satisfacen estas seis condiciones, es injusto negarse a contribuir a la producción del bien.

Los que abogan por la Justificación por Juego Limpio argumentan que desobedecer la ley es tratar a los miembros de la sociedad de uno injustamente. El gobierno produce beneficios significativos. El resto de miembros de la sociedad, a través de pagar impuestos y obedecer la ley, han cargado con los costes requeridos para proveer estos beneficios.  Todos nosotros compartimos como mínimo algunos de los beneficios del gobierno y la mayoría recibe una parte equitativa de estos beneficios. Cada uno de nosotros contribuye causalmente a proveer estos beneficios a través de pagar impuestos y obedecer las leyes. El coste es significativo, pero típicamente es comparable a los costes con los que cargan otros, y es razonable en vista de los beneficios. Es por esto, que sería injusto no hacer nuestra parte en dar soporte al gobierno a través de pagar impuestos y por lo general obedecer la ley.

5.3.2 La obediencia como el coste de los bienes políticos

En situaciones en las que una obligación al juego limpio existe, uno no está típicamente obligado a hacer cualquier cosa que el resto de participantes al arreglo cooperativo le ordenen que tiene que hacer simplemente por el hecho de que se lo ordenen. En el caso de sacar agua del bote, suponga que uno del resto de cooperantes le ordena que le haga un sandwich. No estás moralmente obligado a hacer esto. Lo que estás obligado a hacer es a sólo contribuir causalmente a proveer los beneficios, no prestar obediencia general o lealtad hacia alguien.

¿Cómo es, entonces, que la noción de equidad se supone que genera obligaciones políticas? El argumento es que, en este caso en particular, la obediencia hacia la ley constituye cargar con parte del coste de proveer los beneficios del arreglo cooperativo. Como hemos comentado anteriormente (Sección 5.1.2), los beneficios centrales del gobierno incluyen la protección de injusticias cometidas por criminales privados o gobiernos extranjeros y la provisión de normas predecibles para la cooperación social. Así que el argumento debe ser que la obediencia a la ley contribuye a proveer estos beneficios.

En el caso de algunas leyes, es muy plausible que la obediencia contribuya a la provisión de estos beneficios y en consecuencia cuenta como cargar con parte de los costes de su provisión. Considere las leyes en contra del asesinato y robo.  Al obedecer estas leyes, directamente contribuyo al bien de la seguridad de otros miembros de mi sociedad. Pero esto obviamente no ejemplifica la obligación política, ya que tengo una obligación independiente de la ley de respetar los derechos de otros. No está claro que la existencia de una ley en contra del asesinato incrementa mi obligación moral a no cometer asesinato ni incrementa la injusticia involucrada en asesinar a alguien.

Las leyes tributarias proveen de un ejemplo más creíble. Aquí está muy claro como la obediencia contribuye a la provisión de los beneficios gubernamentales: la recaudación impositiva de uno va a ser usada para contratar a jueces, policías, soldados y demás. Así que al pagar impuestos, uno carga con su parte en proveer los beneficios del gobierno. Esto es una instancia de obligación política, ya que uno no estaría obligado a pagar este dinero si las leyes tributarias no existieran.

Otras leyes son más problemáticas. Para tomar un ejemplo, en los Estados Unidos y muchos otros países, es ilegal fumar marihuana. ¿De qué forma la obediencia a esta ley constituye cargar con parte de los costes de proveer protección de gobiernos extranjeros o criminales domésticos? ¿Cómo puede uno, a través de abstenerse de fumar marihuana, causalmente contribuir a la seguridad de la sociedad de uno? Este no es un caso trivial o periférico. El cumplimiento de la leyes sobre las drogas constituye una gran porción del trabajo las fuerzas policiales en los Estados Unidos, donde los delincuentes por temas relacionados con las drogas explican alrededor del 25% de presos en cárceles locales, 20% de presos en cárceles estatales y 52% de presos en cárceles federales.13 En fecha de escribir este texto, más de medio millón de Americanos están presos por cargos relacionados con drogas.14

Este no es un ejemplo aislado. Muchas otras leyes generan cuestiones similares. En los Estados Unidos, es ilegal dar asesoría legal sin admisión al Colegio de Abogados (incluso si explícitamente informas a quien das consejo que no has sido admitido y de todos modos quieren tu consejo). Es ilegal comprar una hora de trabajo por menos de 7,25$. O comprar sexo por cualquier cantidad de dinero. O vender alimentos envasados sin enumerar el número de calorías que contiene en el envase. O montar una empresa privada que entrega correo a los buzones individuales. Es ilegal  vender stevia como aditivo alimenticio, aunque es legal venderlo como ‘suplemento dietético’. Y mucho más. Estas son unas de las pocas cientos de miles de restricciones legales que se encuentran en vigor en los EE.UU.

En todos estos casos, es difícil ver la conexión entre el comportamiento legalmente requerido y el reparto de los costes para proveer servicios gubernamentales esenciales. Parece que el Estado podría proveer los bienes descritos en la Sección 5.1.2 sin todas estas leyes descritas en los dos parágrafos anteriores.15

La obediencia a la ley, de acorde con los defensores de la Justificación por Juego Limpio, es análoga a ayudar a sacar agua del bote salvavidas. Pero vistas las leyes anteriormente mencionadas, una analogía más apropiada sería la siguiente. Está entrando agua al bote salvavidas. Los pasajeros se juntan y deliberan sobre qué hacer con el problema. La mayoría (sin incluirle a usted) quiere que Bob idee una solución. Bob piensa por unos minutos, entonces anuncia en siguiente plan:

i) Todos los pasajeros deben empezar a sacar agua del bote;
ii) deben pregar a Poseidón y pedirle merced;
iii) deben flagelarse con sus cinturones para demostrar su seriedad y
iv) cada uno de ellos debe darle 50$ a Sally, que ayudó a Bob a ser elegido.

Sabes que (i) va a ser útil, (ii) es inútil, y (iii) & (iv) son perjudiciales para la gran mayoría de pasajeros. Aún así, la mayoría del resto de pasajeros participan en los cuatro puntos del plan de Bob. Si rehúsas rezar, autoflagelarte, o pagar a Sally, ¿has actuado mal? ¿Has tratado al resto de pasajeros injustamente?

No rezar a Poseidón, autoflagelarte, y pagar a Sally no es injusto, ya que esas acciones no contribuyen causalmente al bien de mantener el bote a flote. Si el resto de pasajeros se sienten agraviados al sufrir el latigazo pero tu no, el remedio es simple: deberían parar de autoflagelarse.

Recuerde que las obligaciones políticas se supone que son independientes de su contenido – eso es, que uno debe obedecer la ley independientemente de su contenido (con ciertas restricciones generales) y independientemente de si la ley es justa. El anterior análisis sugiere que este no es el caso. Uno debe examinar el contenido de una ley en particular para determinar si el comportamiento que impone contribuye a la provisión de bienes políticos antes de afirmar si uno tiene alguna razón basada en ‘juega limpio’ para obedecer la ley.

Algunos argumentarían que, incluso si una ley dada no es necesaria para las funciones centrales del gobierno, la obediencia a la ley sigue siendo parte del coste de proveer servicios gubernamentales esenciales ya que la desobediencia conlleva el riesgo de derrocar al gobierno y todo orden social. Hemos criticado este tipo de afirmación anteriormente (Sección 5.1.4). Pero si fuera cierto, solo socavaría la legitimidad política tanto como justificaría la obligación política con independencia del contenido.

Presuntamente, si los individuos están obligados ayudar a mantener el orden social, el Estado está análogamente obligado. Si la desobediencia de cualquier ley arriesga causar un colapso del orden social, entonces, el Estado, en hacer leyes que no son necesarias para mantener el orden social y que probablemente sean ampliamente desobedecidas, él mismo está poniendo en peligro el orden social más que cualquier particular que desobedezca una de estas leyes. Es más, pedir al Estado que renuncie su deseo de hacer estas leyes innecesarias es más razonable y menos oneroso que pedirle a un individuo que renuncie a sus libertades personales. Es por esto que, si uno mantiene que los individuos a pesar de esto deben obedecer estas leyes cuando estén vigentes, está mucho más claro que el Estado no debe crear estas leyes. En consecuencia, uno no puede defender simultáneamente la obligación política y la legitimidad política desde esta postura.

5.3.3 La obligación política para los disidentes

Un segundo problema para la Justificación por Juego Limpio concierne aquellos que no aprueban de las actividades del Estado. Esto incluye algunos individuos que sienten que no necesitan el Estado; por ejemplo, los ermitaños viviendo en hábitats inhóspitos o indígenas que preferirían que los colonialistas europeos nunca hubieran llegado a su continente. Incluye a aquellos que están moralmente o ideológicamente opuestos al gobierno en general (anarquistas). Incluye aquellos que aunque, mientras dan soporte a la idea general del gobierno, creen que la forma adecuada de gobierno es radicalmente diferente del gobierno que tienen. Y incluye aquellos que se oponen a políticas gubernamentales concretas pero aún así están forzados a contribuir a ellas.

Por ejemplo, los pacifistas no quieren ninguno de los supuestos beneficios de un ejército y aún así deben pagar por él al igual que el resto.

Hemos visto que es difícil de justificar una obligación de asistir en proyectos inútiles o dañinos. Aquí, vemos que es difícil de justificar una obligación a proyectos a los que uno está sinceramente opuesto, aunque esta oposición esté o no bien fundamentada. Retomemos el ejemplo del bote salvavidas. Esta vez, suponga que el resto de pasajeros del bote creen que rezar a Jehovah va a ayudarles en mantenerse a flote. Suponga, incluso, que están en lo cierto: Jehovah existe y es receptivo a las plegarias. Provisto que la gran mayoría rece, Jehovah va a asistirlos. Pero Sally no cree esto. Sally cree que rezar a Jehovah es perjudicial, ya que va a ofender a Cthulhu. Es por esto que se opone al plan del resto de pasajeros. En esta situación, ¿sería injusto que Sally rehusara pregar a Jehovah?

Si la existencia de Jehovah y la efectividad de la pregaria fueran hechos fácilmente verificables, con lo que se podría culpar a Sally por no conocerlos, puede que sí. Sally tendría una obligación moral de rezar a Jehovah. Pero asuma que este no es el caso. Asuma que estas son cuestiones en las que hay desacuerdos razonables y el punto de vista de Sally es racional o como mínimo no marcadamente menos racional que el punto de vista de la mayoría de pasajeros. En este caso, no estaría mal que Sally se abstuviera de rezar a Jehovah. Ella no busca ningún tipo de ventaja injusta sobre los demás ni beneficiarse del trabajo del resto. Si el resto intentara forzar a Sally en sus plegarias, ellos y no ella estarían actuando injustamente.

En el caso político, hay un número de individuos que se oponen a diversos programas gubernamentales. Estas no son personas que buscan beneficiarse de los esfuerzos de los demás – ellos no desean simplemente que otros carguen con los costes del programa. Ellos no quieren que estos programas existan en absoluto. En muchos casos, ellos toman los proyectos gubernamentales como seriamente injustos o por otra parte, moralmente impermisibles. Y en muchos casos, su postura, sea correcta o incorrecta, es perfectamente razonable. Creo que este es el caso con respecto a aquellos que se oponen a la presencia de los Estados Unidos en Afganistán, la prohibición de las drogas, restricciones migratorias y varias otras leyes o proyectos gubernamentales controvertidos. Incluso hay aquellos que razonablemente consideran la institución del gobierno como injusta en sí misma. Si uno razonablemente considera estos proyectos como injustos o inmorales, uno difícilmente está aprovechándose de los demás, o tratando al resto injustamente al rechazar dar soporte a este proyecto. En consecuencia, los individuos no actúan injustamente cuando rechazan cooperar con las leyes que razonablemente consideran injustas.16 De nuevo, no se encuentra base alguna para obligaciones políticas con independencia del contenido.

5.3.4 La particularidad y la cuestión de bienes alternativos

Una de las condiciones para que la obligación al juego limpio entre en juego en un arreglo cooperativo es que la participación de uno no debería interferir con hacer algo más importante [condición (6), Sección 5.3.1)]. Pero obedecer la ley frecuentemente interfiere con hacer cosas más importantes.

Por ejemplo, suponga que tiene la oportunidad de evadir sin riesgo alguno 1.000$ en impuestos. Puede que esté mal evadir impuestos para gastar ese dinero en un nuevo televisor. Pero, en cambio, sería permisible evadir impuestos para usar estos impuestos de forma más socialmente valiosa que darlo al gobierno. Esta opción está claramente disponible – el beneficio social marginal de cada dólar dado al gobierno es mucho menor que el beneficio social marginal de un dólar dado a una variedad de caridades privadas extremadamente efectivas.17 En este caso, no está mal evadir impuestos para mandar dinero a caridad; de hecho, hacer esto es loable.

Por supuesto, la mayoría de ciudadanos pagan impuestos bajo coacción del Estado. Esta coacción excusa el pago de impuestos, pero no lo hace loable ni obligatorio.

 

5.4 El problema de la legitimidad

5.4.1 Una justificación consecuencialista de la legitimidad

Normalmente, está mal amenazar a otra persona con violencia para forzarla a cooperar con algún plan tuyo. Esto es generalmente cierto incluso si tu plan es mutuamente beneficioso o de alguna otra forma moralmente aceptable. Suponga que se encuentra en una reunión de junta directiva a la que usted y otros miembros están debatiendo cómo incrementar las ventas de tu empresa. Sabes que la mejor forma de hacer esto es contratar la Empresa de Publicidad Sneaku. Tu plan es moralmente irreprochable y altamente beneficioso para la empresa. Es por esto que te sacas una pistola y ordenas al resto que voten a favor de tu propuesta. Este tipo de comportamiento sería inaceptable, incluso si estás actuando en beneficio de todos e incluso si tu plan es el correcto.

Pero un comportamiento similar puede ser justificado en casos de emergencia. Retomemos el caso del bote salvavidas. El bote está en riesgo de hundirse si la mayoría de pasajeros no empiezan a sacar agua rápidamente. Esta vez, suponga que ninguno del resto de pasajeros está dispuesto a sacar agua del bote. Tu no puedes llevar a cabo esta tarea tu solo, y ningún razonamiento o prego va a persuadir al resto de miópicos pasajeros de coger sus cubos. Finalmente, te sacas tu confiable Glock [una pistola] de tu chaqueta y les ordenas al resto de pasajeros que empiecen a sacar agua del bote. En esta situación, por mucho que sea sea lamentable recurrir a la fuerza, tus acción parece justificada.

Christopher Wellman ofrece un ejemplo con una lección similar.18 Amy tiene una emergencia médica y necesita ser llevada al hospital inmediatamente. Beth sabe esto pero no tiene un vehículo con el que transportar a Amy. Es por esto que temporalmente le roba el coche a Cathy para llevar a Amy al hospital. Esta acción viola los derechos de propiedad de Cathy. Aún así, el acto es permisible, provisto que no haya otras formas de rescatar a Amy sin por lo menos cometer violaciones de derechos de igual seriedad.

Estos ejemplos sugieren el siguiente principio: es permisible coaccionar una persona o violar sus derechos de propiedad, provisto que hacerlo es necesario para prevenir que ocurra algo mucho peor.

Es por esto que puede que el Estado esté justificado a coaccionar a personas y confiscar su propiedad a través de impuestos, ya que hacerlo es necesario para prevenir el colapso de la sociedad. Si el Estado no impusiera coercitivamente la ley, demasiadas personas violarían la ley, y si el Estado no recaudase impuestos coercitivamente, el Estado no podría proveer beneficios cruciales descritos anteriormente en la Sección 5.1.2.

5.4.2 Amplitud y independencia del contenido

En la versión del bote salvavidas analizado en la Sección 5.4.1, estás en el derecho de usar coacción para salvar a todos los del bote. Pero este derecho no es ni amplio ni independiente de su finalidad. Tu derecho a coaccionar es altamente específico y dependiente de su finalidad: depende de que tengas un plan correcto (o como mínimo bien fundamentado) para salvar el bote, y que solo debes coaccionar a otros para asegurar su cooperación con el plan. Más precisamente, debes como mínimo estar justificado en creer que los beneficios esperados de coercitivamente imponer tu plan a los demás son muy grandes y muy superiores a los daños esperados. No debes coaccionar al resto para inducir comportamientos dañinos o inútiles diseñados para servir a motivos ulteriores no relacionados con la emergencia. Por ejemplo, si muestras tu arma y ordenas a todo el mundo que empiecen a meter agua dentro del bote, estás actuando mal – y del mismo modo si usas el arma para forzar a otros a rezar a Poseidón, que se autoflagelen con sus cinturones, o que den 50$ a tu amiga Sally.

La cuestión es similar en el caso del robo de coche de Wellman. Amy está éticamente legitimada para violar los derechos de propiedad de Cathy sobre el coche. Pero este derecho depende altamente de la finalidad: Amy no debe violar los derechos de propiedad de Cathy por cualquier razón que le plazca. Ella no debe tomar el coche y transportar a Bethy lejos del hospital. Ella no debe transportar a Beth al hospital y después ir a dar una vuelta por la montaña. Ella no debe escudriñar la guantera el busca de objetos valiosos. Amy solo debe usar el coche de forma muy específica: ella puede transportar a Beth al hospital, nada más.

Si, por ejemplo, nos basamos en casos como este para justificar el derecho del Estado a coaccionar o violar los derechos de propiedad de sus ciudadanos, la conclusión es que los poderes legítimos del Estado son altamente específicos y dependen de su finalidad: el Estado puede coaccionar a los individuos sólo lo mínimo necesario para implementar un plan correcto (o como mínimo bien fundamentado) para proteger la sociedad del tipo de desastres que supuestamente resultarían de la anarquía. El estado no debe coaccionar a las personas a cooperar con medidas perjudiciales o inútiles o medidas las cuales no hay buenas razones para considerar efectivas. El Estado tampoco puede extender su ejercicio de la coacción para perseguir cualquier fin que le parezca deseable. El Estado solo puede tomar de sus ciudadanos la cantidad de dinero mínima para proveer los ‘bienes indispensables’ que justifican su existencia.19 No debe tomar un poco más para comprarse algo bonito.

¿Cuantas actividades gubernamentales pueden ser consideradas legítimas bajo este criterio? Las leyes y políticas domésticas pueden ser divididas en nueve categorías, dependiendo de las motivaciones tras estas (estas categorías no son mutuamente exclusivas):

  1. Leyes diseñadas para proteger los derechos de los ciudadanos, por ejemplo, las leyes en contra del asesinato, robo y fraude.
  2. Políticas diseñadas para proveer bienes públicos, en el sentido económico del término: por ejemplo, defensa militar y protección medioambiental.20
  3. Leyes paternalistas, diseñadas para para prevenir a la gente dañarse a si misma, por ejemplo, leyes que obligan conducir con cinturón o leyes en contra de las drogas.
  4. Leyes moralistas, diseñadas para prevenir el comportamiento que se considera ‘inmoral’ por alguna razón otra que el daño a uno mismo o la violación de los derechos de otros; por ejemplo, leyes en contra de la prostitución, juego y drogas.
  5. Políticas diseñadas para ayudar a los pobres, por ejemplo, programas de asistencia social, subsidios a la educación o salario mínimo.21
  6. Políticas de extracción de rentas, esto es, políticas que no se encuentran en (5), designadas a conferir ventajas económicas a algunas personas a costa de otras; por ejemplo, subsidios que se dan a industrias políticamente bien conectadas, lucrativos contratos militares dados a empresas con lazos a cargos gubernamentales, y requerimientos de licencias que protegen los trabajadores actuales de una profesión de la competencia.
  7. Leyes diseñadas para asegurar el monopolio del Estado y promover su poder y riqueza; por ejemplo, leyes sobre impuestos, leyes de curso legal y leyes previniendo la competencia privada con agencias gubernamentales como correos o la policía.
  8. Políticas diseñadas a promover ciertas cosas que se consideran un bien en general, a parte de los bienes enumerados anteriormente, por ejemplo, la provisión gubernamental de escuelas, la promoción de las artes y programas espaciales del gobierno.
  9. Leyes y políticas que parecen estar motivadas simplemente por la emoción, a parte de las anteriores consideraciones; por ejemplo, restricciones migratorias y las prohibiciones del matrimonio homosexual.22

Cuando pensamos en abstracto sobre la necesidad de una ley y la importancia de obedecer la ley, muchos de nosotros tenemos en mente leyes como las del tipo (1), (2) o puede que (7). Las leyes de este tipo podrían llegar a estar justificadas por los argumentos consecuencialistas analizados en la Sección 5.4.1. Pero como la lista sugiere, hay muchos más a las actividades de un Estado moderno. Y todas esas actividades extra, por lo general, no pueden ser justificadas por argumentos consecuencialistas.

Vayamos a extender la historia del bote salvavidas un poco más. Has forzado al resto de pasajeros a sacar agua del bote, evitando su hundimiento. Mientras tienes tu pistola desenfundada, decides que de paso va a llevar a cabo otros objetivos deseables. Ves un pasajero comiendo patatas fritas, le ordenas que te dé las patatas. Entonces te das cuenta que una pareja de pasajeros están a la otra punta del barco jugando a cartas. Cuando te das cuenta que juegan por dinero, les amenazas con causarles daño si siguen jugando por dinero. Otro pasajero tiene joyería cara, de forma que se la arrebatas y la distribuyes entre los pasajeros más pobres. También recaudas 50$ de todos y se lo das a tu amiga Sally. Amenazas con disparar a todo pasajero que intente hacer lo mismo que tu haces. Después, decides que estaría bien tener alguna forma de arte, de forma que fuerzas a otros pasajeros a dar algunas de sus posesiones de forma que puedas hacer una escultura con ellas. Finalmente, hay un pasajero que te incomoda – de forma que ordenas al resto de pasajeros que lo arrojen por la borda.

Todas estas acciones son indefendibles. Aunque tu uso inicial de la coacción para prevenir que se hundiera el bote estaba justificada, es absurdo sugerir que la coacción está justificada por los motivos expuestos en cualquiera de tus acciones posteriores en esta historia. Estos motivos son análogos a los que motivan la políticas del tipo (3)-(9) listadas anteriormente.23

Los ejemplos específicos que he dado del tipo de políticas (3)-(9) no son importantes, mientras uno esté de acuerdo que hay (un número no trivial) de políticas de este tipo. No es demasiado importante que, por ejemplo, uno esté de acuerdo con que las leyes que establecen licencias están motivadas por la extracción de rentas, mientras uno esté de acuerdo en que hay un número significativo de leyes motivadas por la extracción de rentas. El caso es que el Estado tiene muchas políticas y leyes cuyas motivaciones no justifican la coacción requerida para implementarlas. Esto es un problema ya que la autoridad del Estado se toma como amplia  y con independencia del contenido. Bajo una lectura muy estricta de las condiciones de ‘amplitud’ y ‘independencia del contenido’, la mera existencia de unas pocas leyes que el Estado no tiene derecho a imponer, imposibilitarían que el Estado tenga autoridad genuina. Una lectura más modesta de la ‘amplitud’ y ‘independencia del contenido’ mantiene que el Estado no tiene autoridad genuina si como mínimo la mayoría de las cosas que típicamente hace y que generalmente se considera que tiene derecho a hacer son, efectivamente, moralmente permisibles. Si el rango de acciones coercitivas que el Estado tiene derecho a llevar a cabo, solo es una fracción de lo que generalmente se piensa que tiene derecho a llevar a cabo y de lo que de hecho el Estado hace, entonces pienso que el Estado realmente no tiene autoridad legítima. También pienso que debemos admitir que de hecho, este es el caso.

5.4.3 Supremacía

La autoridad del Estado se supone que es suprema, en el sentido que nadie más tiene el derecho a coaccionar individuos de la forma en la que lo hace el Estado. Esto, también, es difícil de justificar.

Modificando el escenario del bote salvavidas una vez más, suponga que en el bote hay dos pasajeros armados, Gumby y Pokey, cada uno de ellos reconoce que se debe sacar agua del bote, y cualquiera de ellos estaría justificado en tomar las medidas necesarias para que así sea. Pero Gumby es más rápido en actuar: desenfunda su pistola y fuerza al resto de pasajeros a sacar agua del bote. Llegados a este punto, ¿adquiere Gumby algún tipo de supremacía?

No, no lo hace. Si Pokey se diera cuenta de algún otro desastre inminente que solo puede ser evitado mediante la coacción, él estaría justificado en utilizar coacción para evitarlo. Esto sería verdad si Gumbly nunca se hubiera encontrado en el bote, y sigue siendo cierto después que Gumby haya usado coacción para evitar que el bote se hundiera. El acto inicial de Gumbly no impide la coacción justificada por los demás, ni reduce el rango de circunstancias en las que otros puedan usar coacción, de forma que en un futuro le sea más fácil a Gumby que a cualquier otro en el bote estar justificado en usar coacción. Pokey tampoco estaría barrado en tomar acciones coercitivas para imponer el arreglo de sacar agua del bote si la imposición de Gumby fuera inadecuada.

Antes del acto coercitivo de Gumby, sería cierto que Pokey podría de forma permisible usar fuerza en contra de Gumby, si fuera necesario para prevenir que Gumly cometa serias violaciones de los derechos de otros o para prevenir que ocurra algo muy malo. Después del acto coercitivo de Gumby esto sigue siendo cierto. El mero hecho que Gumby fuera el primero a usar coacción para salvar el bote no lo hace inmune de ser coaccionado en circunstancias en las que normalmente sería permisible coaccionar a alguien. Por ejemplo, si, después de salvar el bote salvavidas, Gumby trata de robar a los pasajeros, Pokey estaría justificado en hacer uso de la fuerza para defender el resto de pasajeros.

Parece, entonces, que el Estado no tiene, por razones consecuencialistas, autoridad suprema. Otros agentes pueden usar fuerza para lograr los objetivos que el Estado estaría justificado en usar fuerza para lograr, en el caso de que los esfuerzos del Estado sean inadecuados. Por ejemplo, si el Estado fracasa en proveer de protección adecuada contra el crimen, no hay ninguna razón obvia por la cual agentes privados no deberían poder proveer de seguridad usando los mismos métodos que el Estado debería poder usar (de nuevo, en las mismas circunstancias en las que el Estado debería hacer uso de la fuerza). Y los agentes privados deberían poder hacer uso de la fuerza en contra del Estado cuando es necesario para prevenir que el Estado cometa serias violaciones de derechos o prevenir que pase algo muy malo.

¿Cuando puede uno hacer uso de la fuerza en contra de otros? Es plausible mantener que individuos y organizaciones privadas están justificados en hacer uso de la fuerza sólo cuando

i) tienen una fuerte justificación para creer que el plan que van a intentar implementar es correcto (por ejemplo, que produciría los beneficios previstos y que estos beneficios serían enormes en comparación con la seriedad de las violaciones de derechos necesarias para implementar el plan);
ii) tiene una fuerte justificación para creer que su uso de la fuerza sería exitoso en causar que su plan sea implementado; y
iii) no hay alternativas disponibles para conseguir los beneficios sin, como mínimo, violaciones de derechos igual de serias.

En realidad, estas condiciones son muy estrictas y raramente se dan. Es plausible pensar que la mayoría de vigilantes clandestinos violan la condición (i) y que la gran mayoría de rebeldes o terroristas tanto (i) como (ii). Así que no deberíamos aprobar de la gran mayoría de actos actuales de justicia vigilante o terrorismo.

Aún así, la conclusión es un rechazo de la supremacía de la autoridad gubernamental, ya que las razones mencionadas en el anterior parágrafo aplican por igual a los agentes gubernamentales. El Estado también debe tener una fuerte justificación para creer que cada una de sus planes implementados coercitivamente es correcto, que su uso de la coacción será exitoso, y que no hay mejores alternativas. Si uno se basa en la justificación consecuencialista de la legitimidad del tipo que ha sido analizada, aparentemente no hay forma de escapar esta conclusión. Así que no está claro en qué sentido el Estado tiene autoridad suprema; puede coaccionar a individuos en las mismas circunstancias, por el mismo tipo de razones, bajo las cuales los agentes privados pueden coaccionar a individuos. Y al igual que la mayoría de actos de justicia clandestina y actos terroristas no están justificados, creo que es plausible pensar que la gran mayoría de acciones estatales violan una o más condiciones para la coacción justificada.

5.5 Conclusión

Los argumentos desde el juego limpio y consecuencialistas son los que más se acercan a justificar la autoridad política. Aún así, no pueden fundamentar la autoridad independiente del contenido, amplia y suprema para el Estado. El Estado tiene el derecho, como mucho, de coactivamente imponer políticas correctas y justas para prevenir daños muy serios.24 Nadie tiene el derecho a coercitivamente imponer políticas contraproducentes o inútiles ni de imponer políticas cuyo propósito son objetivos de menor importancia. El Estado puede estar justificado en recaudar impuestos, en administrar un sistema de policía y justicia, y proveer de defensa militar. En hacerlo, el Estado y sus agentes sólo deben tomar los mínimos recursos  y emplear la mínima coacción. El Estado no debe proseguir a imponer coercitivamente leyes paternalistas o moralistas, políticas motivadas para la extracción de rentas, o políticas dirigidas a promover bienes innecesarios, como el soporte al arte o a un programa espacial.

 


Notas

1. Estos argumentos no asumen el consecuencialismo, en el sentido de la justícia de una acción es solamente determinada por sus buenas o malas consecuencias.

2. Hobbes 1996, capítulo 13. Locke (1980, capítulos  y 9) ofrece una evaluación menos horrenda pero aún encuentra ‘grandes inconvenientes’ al estado de naturaleza.

3. Buchanan 2002, 703-5.

4. Christiano 2008, 53-5, 237-8; Wellman 2005, 6-7. Christiano afirma que el estado ‘establece justicia’ al proveer de estas normas uniformes.

5. Ver Rawls (1999, 295) sobre del deber de justicia y Wellman (2005, 30-2) sobre el deber de socorro. Ninguno de estos pensadores tiene una postura generalmente consecuencialista. Rawls apela a lo que las partes en la posición original aceptarían, y Wellman (2005, 33) termina apelando a un principio de equidad no consecuencialista.

6. El ejemplo es de Singer (1993, 229).

7. Rand 1964, 49; Narveson 1993, capítulo 7.

8. Hume 1987, 480.

9. Wellman 2005, 17-19.

10. Brandt 1992, capítulo 7.

11. Hart 1995, 185-6, Rawls 1964, Klosko 2005.

12. Algunos filósofos sostienen que uno solo tiene una obligación de justicia a asistir en un arreglo cooperativo solo si uno libremente acepta los beneficios del arreglo (Rawls 1964, 10; Simmons 1979, 108-7, 2001, 30-1). El ejemplo de sacar agua del bote sugiere que la libre aceptación no es necesaria.

13. Estadísticas recientes sobre el encarcelamiento de delincuentes por temas de drogas en prisiones estatales y federales son del Departamento de Justicia de EE.UU 2010b, 37-8. Las estadísticas más recientes sobre los delincuentes por temas relacionados con las drogas en cárceles locales es del Departamento de Justícia de los EE.UU 2004, 1, que informa que un 24,7% de los presos  en 2002 eran delincuentes por temas relacionados con las drogas. Las clasificaciones están basadas en el delito o crimen más serio por el que el preso fue encarcelado.

14.  Esta estimación está basada sobre la premisa que el 24,7% de los presos en cárceles locales son delincuentes por cuestiones relacionadas con las drogas (Departamento de Justicia de los EE.UU 2004, 1), junto con la población carcelaria de 2008 según el Departamento de Justicia de los EE.UU 2009. Las estadísticas para las prisiones estatales y locales son del Departamento de Justicia de los EE.UU (2010a, 37-8). El número total de presos de en todo tipo de cargos, incluyendo instituciones estatales, locales y federales, es alrededor de 2.3 millones.

15. Alguien podría argumentar que para proveer seguridad de forma efectiva, el Estado debe tener cierto grado de deferencia de sus ciudadanos – los ciudadanos deberían estar de acuerdo con no juzgar cada ley individualmente por ellos mismos – y esto es parte del coste de la seguridad. Analizo esta idea en la Sección 7.5.

16. En contraste a la postura de los defensores de la autoridad política, como Rawls (1964, 5): ‘Es, por supuesto, una situación familiar en una democracia constitucional que una persona se encuentra moralmente obligado a obedecer una ley injusta’

17. Ver http://www.givewell.org/ para una evaluación de caridades, incluyendo una lista de las caridades más efectivas.

18. Wellman 2005, 21.

19. Sobre bienes indispensables, ver Klosko 2005, 7-8.

20. En el sentido económico del término, un bien público es un bien con dos características: (1) es no rival, significando que el consumo de otra persona del bien no detrae del bien a otros; (2) no es excluible, significando de que si es proveído, es imposible o muy costoso controlar quien lo recibe.

21. Estas políticas en parte son paternalistas en su motivación cuando hacen algo que no sea transferencias de efectivo. Por ejemplo, cuando el Estado hace ciertos recursos disponibles para ciudadanos indigentes con la restricción de que sólo sean destinados a la formación, esto es en parte redistributivo y en parte paternalista.

22. Ver Huemer 2010b sobre política migratoria, especialmente 460-1, sobre las motivaciones de las políticas migratorias.

23.  Para ser explícito, hay una lista de políticas gubernamentales análogas a tus acciones en la historia: Evitar que un pasajero coma patatas fritas: leyes en contra de las drogas y otras leyes paternalistas. Evitar el juego de cartas: leyes en contra del juego y otras leyes moralistas. Confiscar joyería: programas de asistencia sociales y otros programas de redistribución de riqueza. Recaudar dinero para Sally: subsidios, contratos sin licitación y otras políticas motivadas por la extracción de rentas. Amenazar con disparar a otros pasajeros que hagan lo mismo: prohibición de los justicieros y la prohibición de crear un gobierno que compita con este. Confiscar propiedad para hacer una escultura: el soporte del Estado a las artes. Lanzar a un pasajero por la borda: restricciones migratorias y deportación de inmigrantes ilegales.

24. El Estado incluso no va a tener este derecho si, como se argumenta en la Parte II, el Estado no es necesario para la provisión de ningún bien vital

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