El Problema de la Autoridad Política: Capítulo 2

Esta entrada forma parte de una serie de entradas en las que se hace una traducción amateur de la Parte I del libro The Problem of Political Authority: An Examination of the Right to Coerce and the Duty to Obey del filósofo Michael Humer. Todo el material traducido hasta la fecha se puede encontrar en la parte correspondiente de Proyectos. Cualquier corrección es bienvenida. Si están interesados en el libro, no duden en comprarlo y así apoyar al autor.

IMPORTANTE: En la literatura hay algunos argumentos (de Sunstein, Holmes, Nagel, etc) que puede que intenten esquivar parte de los argumentos de Huemer haciendo énfasis entre la interrelación de la existencia de la propiedad privada y el marco legal actual, el cual el Estado parcialmente ‘crea’ y vela por su cumplimiento. Huemer ya comenta más adelante en su obra que sus argumentos no dependen de una teoría de la propiedad pero también responde a estos argumentos en ‘Is Wealth Reditribution a Rights Violation?


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La Teoría del Contrato Social Tradicional

2.1 La ortodoxia del contrato social

La teoría del contrato social es la justificación más prominente de la autoridad de los últimos 400 años y es tan buen candidata como cualquier otra de ser la teoría de la autoridad de América. La teoría sostiene que, como mínimo, en algunos países hay una relación contractual entre el gobierno y sus ciudadanos. El contrato requiere que el gobierno provea de ciertos servicios a la población, en especial de protección contra criminales privados y de gobiernos extranjeros hostiles. En retorno, los ciudadanos acuerdan pagar impuestos y obedecer las leyes.1 Algunas interpretaciones del contrato social asignan al Estado un amplio rol, tal vez incluyendo satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos indigentes, asegurando una distribución equitativa de recursos materiales, etcétera.2 Cualquier función que un teórico particular tome como legítima, el teórico argumentará que el contrato social autoriza y obliga al Estado a  llevar a cabo esas funciones.

Bajo los términos de la teoría del contrato social tradicional, entonces, la obligación política es una especie de obligación contractual: los ciudadanos deben obedecer la ley porque así lo han acordado. El contrato social también justificaría de inmediato la legitimidad política. Si una persona acuerda ser sujeta a un tipo particular de coacción, entonces, como norma general, esa coacción no estará mal y no violará sus derechos. Por ejemplo, normalmente está mal cortar a alguien con un cuchillo. Pero si contrataste a un doctor para que te opere, entonces no es una violación de tus derechos que te corte para llevar a cabo la operación. En la misma línea, si los ciudadanos han acordado pagar al gobierno por sus servicios y han acordado ser sujetos a coacción si no pagan, entonces es permisible que el gobierno fuerce a los ciudadanos a pagar.3

2.2 La teoría del contrato social explícito

¿Hay un contrato social? A primera vista la teoría muestra una imprudente indiferencia con respecto a la realidad: a nadie se le ha mostrado un contrato describiendo cómo funciona el gobierno y se le ha pedido su firma. Pocos han estado en una situación en la cual una declaración escrita o verbal de acuerdo para tener un gobierno fuera apropiada, y mucho menos que hayan hecho tal declaración. ¿Cuando piensan los teóricos del contrato social que esto ocurrió?  

John Locke creía que hubo (como mínimo para algunos gobiernos) un contrato real, un acuerdo explícito hecho en el momento en el que el gobierno fue fundado.4 Queda poca evidencia restante de esos sucesos, explicó Locke, ya que las gentes en aquellos tiempos se mantenían pocos registros. Cita a Roma y Venecia como ejemplos de casos en los que una sociedad fue fundada vía un contrato social explícito.

Pero incluso si hubo un contrato social originario, ¿como puede este contrato ser vinculante con personas nacidas mucho después, que nunca anticiparon el acuerdo originario ni nunca se les pidió su consentimiento? Locke creía que funcionaba a través de una servidumbre perpetua en la tierra; las partes originarias del contrato comprometieron todas sus posesiones, incluyendo sus tierras, a la jurisdicción del gobierno que estaban creando, de forma que cualquier persona que usara esa tierra en un futuro debería someterse a ese gobierno.5

A pesar de la astucia de esta última maniobra, toda la teoría no es más que mera mitología, y su interés hoy en día es primordialmente histórico y como bagaje para teorías más plausibles. David Hume presentó un punto de vista más realista de la historia de la humanidad, cuando observó que casi todos los gobiernos se habían constituido por usurpación o conquista.6 Eso es, que durante algún momento de la historia de cualquier nación que existe en el presente, o bien el gobierno fue tomado por la fuerza por alguien que carecía del derecho a ello, como en un golpe de Estado, o que el gobierno (o sus ciudadanos o futuros ciudadanos) tomaron por la fuerza la tierra que actualmente controlan de sus habitantes originarios. Cualquiera de estos eventos invalidaría la autoridad del Estado, desde el punto de vista Lockeano.

En caso de los Estados Unidos y su gobierno, por ejemplo, su historia es una de conquista. El territorio actual de los Estados Unidos fue robado a los Nativos Americanos y sujeto bajo el control del gobierno de los Estados Unidos.

Como ya he dicho, esta teoría, hoy en día, es más que nada de interés histórico; ningún destacado teórico contemporáneo adhiere al contrato social explícito. La siguiente versión de la teoría del contrato social está diseñada para superar esos problemas.

2.3 La teoría del contrato social implícito

El consentimiento explícito es un consentimiento en el que uno indica a través de declarar, ya sea de forma verbal o por escrito, que consiente. En cambio, el consentimiento implícito es el consentimiento que uno indica a través de su conducta, sin realmente declarar su acorde. Si los ciudadanos no han adoptado un contrato social de forma explícita, puede que quizás lo hayan adoptado de forma implícita.

¿Cómo puede uno señalar su acorde sin indicar acorde? En algunas situaciones, uno puede expresa acuerdo a una propuesta simplemente al abstenerse de oponerla. A esto lo llamo ‘consentimiento pasivo’. Supón que te encuentras en una reunión de junta, cuando el que la preside dice, ‘Trasladaremos la reunión de la siguiente semana al Martes a las 10 en punto. ¿Alguna objeción?’ Pausa por un momento, y nadie dice nada. ‘Bien, así es acordado’, concluye el presidente.7 En esta situación, es plausible de que a falta de alguien que exprese disentimiento cuando han sido invitados a ello, indica por parte de los miembros de la junta que consienten al cambio.

En otros casos, uno se obliga a uno mismo a aceptar ciertas demandas a través de solicitar o aceptar voluntariamente beneficios a los que se conoce que esas demandas van atadas. A esto lo llamo ‘consentimiento a través de la aceptación de beneficios’. Por ejemplo, supón que entras en un restaurante y pide un atractivo y sabroso burrito vegetariano. Después de comerse el burrito, la camarera le trae la cuenta. ‘¿Qué es esto?’ dices. ‘Nunca he dicho que iba a pagar por nada de esto. Si quería que le pagara, debería habermelo dicho de buen principio. Lo siento, pero no le debo nada’. En este caso, el restaurante podría plausiblemente argumentar que, a través de pedir comida, implícitamente indicas acorde con las demandas usualmente conectadas con la provisión de esa comida: es decir, el pago de su precio estipulado en el menú. Ya que es bien conocido en esta sociedad (y presuntamente conocido por ti) que los restaurantes generalmente solo están dispuestos a proveer de comida con el fin de recibir un pago, era tu responsabilidad, si querías comida gratis, indicarlo por adelantado. De otra forma, la premisa por defecto es que acuerdas participar en la práctica normal. Por esta razón, estarías obligado a pagar tu comida, a pesar de tus protestas al contrario.

Una tercera forma de consentimiento implícito es lo que llamo ‘consentimiento mediante presencia’, a través del cual uno indica que acepta una propuesta meramente al permanecer en un lugar. Mientras celebro una fiesta en mi casa, anuncio, alto y claro a todos los presentes, que todo aquel que quiera permanecer en mi fiesta acepta ayudar a limpiar después. Después de escuchar mi declaración, tú permaneces en la fiesta. En hacerlo, das a entender que estás de acuerdo en ayudar a limpiar una vez la fiesta termine.

Por último, a veces uno consiente implícitamente a las normas que rigen una actividad al participar voluntariamente en la actividad. A esto lo llamo ‘consentimiento mediante participación’. Suponga que, durante una de mis clases de filosofía les comunico a mis estudiantes que voy a organizar una lotería voluntaria en clase. ‘Aquellos que quieran participar’, explico, ‘deberán poner sus nombres en este sombrero. Voy a sacar un nombre al azar. Entonces, cada uno de los participantes pagará 1$ a la persona cuyo nombre he sacado’. Supón que has puesto tu nombre en mi sobrero. Cuando ha salido el nombre del ganador, descubres que, desgraciadamente, el ganador no eras tu. Vengo a recoger 1$ tuyo para dárselo al estudiante ganador. ‘No te debo nada’ insistes. ‘Nunca dije que aceptara a pagar un dólar. Todo lo que he hecho ha sido dejar mi nombre en tu sombrero. Puede que lo dejara solo porque me gusta poner mi nombre en sombreros.’ En esta situación, parece que estás obligado a entregar el dólar. Tu participación voluntaria en la actividad, cuando era bien conocido cómo supuestamente funcionaba, implica que acordaste aceptar la carga financiera asociada a la lotería.

Cada uno de estos cuatro tipos de consentimiento – consentimiento pasivo, consentimiento a través de la aceptación de beneficios, consentimiento mediante presencia, y consentimiento mediante participación – pueden ser usados como un modelo para el consentimiento implícito del contrato social por parte de los ciudadanos. Para empezar, puede que los ciudadanos típicamente consientan al contrato social meramente al abstenerse de objetar al contrato (consentimiento pasivo). Solo unos pocos, si alguno, hemos explícitamente declarado que aceptamos el contrato social, pocos han declarado que no lo aceptan. (La excepción son los anarquistas que han expresado explícitamente su rechazo al gobierno.)

El consentimiento a través de la aceptación de beneficios también conferiría casi autoridad universal. Casi todo el mundo ha aceptado algunos beneficios de su gobierno. Hay ciertos bienes públicos – como la seguridad nacional o la prevención del crimen – que el Estado provee automáticamente a todos aquellos dentro de su territorio. Estos bienes no son relevantes para el consentimiento, ya que estos beneficios se dan independientemente de si los ciudadanos los quieren o no. A los pacifistas, por ejemplo, se les da el ‘bien’ de la defensa militar, en contra de su voluntad. En cambio, hay otros bienes que los ciudadanos si tienen la opción de aceptar. Por ejemplo, casi todo el mundo utiliza las carreteras que fueron construidas por el gobierno. El gobierno no fuerza a las personas a utilizar esas carreteras; por lo tanto, este es un caso de la aceptación voluntaria de un beneficio gubernamental. De forma similar, si uno llama a la policía para pedir algún tipo de asistencia o protección, si uno lleva a otra persona a los tribunales, si uno manda voluntariamente sus hijos a escuelas públicas o si uno toma provecho de programas de asistencia social del gobierno, entonces, uno está aceptando voluntariamente beneficios gubernamentales. En consecuencia, se puede argumentar que uno implícitamente acepta las condiciones conocidas que van atadas a tener un gobierno – que uno debería contribuir al pago monetario de los costes del gobierno y obedecer sus leyes.

Considere el siguiente caso de consentimiento a través de presencia. Esto, en mi experiencia, es la teoría más popular de cómo los ciudadanos dan su consentimiento al Estado, puede que por qué es la única justificación que puede ser aplicada a todos los que se encuentran en territorio del Estado. El gobierno no requiere que nadie (excepto a presos) permanezca en el país, y es bien conocido que aquellos que viven dentro de un determinado país se espera que obedezcan sus leyes y paguen sus impuestos. Por lo tanto, a través de permanecer voluntariamente en el territorio del Estado, puede que aceptemos implícitamente la obligación de obedecer la ley y pagar impuestos.8

Por último, algunos ciudadanos puede que den su consentimiento implícito a través de su participación en el sistema político. Si uno vota en unas elecciones, se podría inferir que uno acepta el sistema político en el que uno participa. Esto, as su vez, puede que le obligue a uno a acatar el resultado del proceso político, incluido las leyes hechas de acuerdo con las normas del sistema, incluso cuando estas son diferentes de las leyes que uno desea.

Si alguna de estas sugerencias se mantiene en pie, justificaría tanto la obligación política como la legitimidad política, al menos con respecto a algunos ciudadanos.

2.4 Condiciones para la validez de un acuerdo

Un acuerdo válido es un acuerdo que tiene efectividad moral –  eso es, que es exitoso en hacer permisible alguna acción a la que uno consiente o en generar obligaciones de actuar de cierta forma a la que uno ha acordado. Todos los ejemplos en la sección anterior eran acuerdos válidos. Pero algunos ‘acuerdos’ son inválidos. Por ejemplo, supón que un criminal te pone una pistola en la frente y demanda que firmes una renuncia a los derechos audiovisuales de tu último libro. Si firmas, el contrato sería inválido, ya que la amenaza de violencia lo hizo no voluntario. O supón que acuerdas comprar un televisor a un vendedor, pero el vendedor omite informarte que el televisor está roto y no muestra imagen alguna. En este caso, el acuerdo de compraventa es inválido ya que el vendedor lo obtuvo mediante el fraude. Normalmente damos a entender que los televisores deben ser capaces de mostrar alguna imagen, y esto es esencial a por qué la gente los compra. Por lo que, si uno desea vender un televisor que no funciona, uno debe estipular esta condición, si no, el supuesto por defecto es que el televisor funciona.

No voy a intentar exponer una explicación completa de cuando existe un acuerdo válido. Pero los siguientes cuatro principios generales que gobiernan acuerdos válidos son plausibles:

  1. El consentimiento válido requiere una forma razonable de excluirse. Todas las partes a cualquier acuerdo válido deben tener la opción de rehusar el acuerdo sin sacrificar nada a lo que tienen derecho.
    Considere el ejemplo de la modificación de la reunión de la junta de la Sección 2.3. El presidente dice, ‘La siguiente reunión va a pasar a las 10 del Martes. Aquellos que objetan que amablemente lo comuniquen cortándose el brazo izquierdo.’9 El presidente pausa. No rueda ningún brazo. ‘Bien, así es acordado!’ declara. Este no es un acuerdo válido, ya que la demanda de que los miembros de la junta se cortaran sus brazos izquierdos como el precio de disentir del cambio de horario no es razonable. Por otro lado, en el caso de la fiesta de la Sección 2.3, la demanda que abandones mi fiesta si no estás de acuerdo con ayudar, es razonable, ya que tengo derecho a determinar quien asiste a mis fiestas.
    La diferencia importante entre el ejemplo modificado de la junta y el ejemplo de la fiesta no es sobre cómo de grandes son los costes; eso es, no es simplemente sobre si perder tu brazo izquierdo es mucho peor que ser expulsado de una fiesta.10 El presidente de la junta no estaría justificado en pedir ni siquiera que cada miembro de la junta pagara un solo dólar para expresar su objeción al cambio de horarios. En cambio, es una cuestión de quién tiene derechos sobre el bien que se les pide a los detractores entregar. Aquellos que buscan que aceptes alguna propuesta no pueden pedir que les entregues ninguno de tus derechos como coste de rechazar su propuesta. Puedo demandar que dejes de hacer uso de mi propiedad, pero no puedo demandar que dejes de hacer uso de tu propiedad.
  2. El disentimiento explícito prevalece sobre el supuesto consentimiento implícito.
    Un acuerdo implícito válido no existe si uno explícitamente declara que no acepta. Considere una modificación del ejemplo del restaurante de la Sección 2.3. Suponga que , después de sentarte, le dices a la camarera, ‘No voy a pagarle ninguna comida que me traiga. Pero de todos modos me gustaría que me diera un burrito vegetariano.’ Si entonces la camarera te trae el burrito, no estás obligado a pagar por ello. Dada tu declaración, ella no puede afirmar plausiblemente que acordaste pagar por la comida.
    ¿Qué hay del ejemplo de la fiesta? Yo comunico que cualquiera que permanezca en mi fiesta acepta ayudar a limpiar. Supón que después de mi declaración, tú respondes, ‘Yo no acepto’. Entonces te pido que te vayas, a lo que te niegas y permaneces hasta el fin de la fiesta. ¿Estás obligado a limpiar? No aceptaste limpiar (¿cómo podrías haber sido más claro?). Aún así, es plausible que estés obligado a ayudar a limpiar – no porque así lo has acordado, sino porque tengo derecho a imponer condiciones sobre el uso de mi vivienda, incluido la condición que aquellos que la usan, ayuden a limpiar. Esto no deriva de un acuerdo, sino de mis derechos de propiedad sobre la vivienda.
  3. Una acción puede tomarse como indicativa de aceptación a algún plan, sólo si uno puede asumir creer que, si uno no hubiera realizado tal acción, el plan no se le sería impuesto.
    Suponga que en el ejemplo de la junta, el presidente anuncia ‘La siguiente reunión va a pasar a las 10 del Martes, y no me importa nada de lo que tengáis que decir sobre ello – el cambio de horarios se dará tanto si objeta como si no. Ahora, ¿quiere alguien objetar?’ Pausa. Nadie dice nada. ‘Bien, así es acordado’ declara. En ese caso, no hay un acuerdo válido. Aunque se les dió la oportunidad de objetar a los miembros de la junta, también se les dio a entender que si objetaban, el cambio de horario sería impuesto por igual. Por lo tanto, su abstención a la hora de expresar alguna objeción no puede tomarse como indicativa de aceptación. Simplemente puede que indique que no deseaban malgastar fuerzas protestando en contra de algo a lo que no tenían alternativa.
  4. La obligación contractual es mutua y condicional. Normalmente, un contrato somete a ambas partes a una obligación mutua, y el rechazo de la obligación contractual por parte de una de las partes libera la otra parte de su obligación.
    Suponga que pide comida en un restaurante. Hay una acuerdo implícito entre tu y los propietarios del restaurante: ellos proveen comida, y tu les pagas. Si la camarera nunca trae la comida, entonces no tienes porque pagar; el hecho de no complir con su parte del acuerdo te libera de la obligación de cumplir con tu parte. Es más, si una parte simplemente comunica que no tienen intención de cumplir con su parte, la otra parte no está obligada a cumplir con su parte. Es por esto que, si después de pedir la comida pero antes de recibirla, informa a la camarera que no reconoces obligación alguna de pago, el restaurante puede llegar a la conclusión que has rechazado el acuerdo, y no tienen porqué traerte ninguna comida.

Estas cuatro condiciones pertenecen a la concepción de sentido común del consentimiento y los contratos. En la siguiente sección, aplico estos principios al supuesto contrato social.

2.5 ¿Es el contrato social válido?

2.5.1 La dificultad de excluirse

Empiezo con la primer condición sobre contratos válidos: todas las partes a un contrato deben tener una opción razonables de excluirse. ¿Cuales son los medios a disposición para excluirse del contrato social? Solo hay uno: uno debe abandonar el territorio controlado por el Estado.

Vamos a repasar algunas de las razones por las cuales uno puede tener para no ejercer esta opción. Para abandonar su país, uno debe generalmente conseguir el permiso de otro Estado para adentrarse en su territorio, y mucho estados imponen restricciones migratorias. Adicionalmente, algunos individuos carecen de los recursos materiales para emigrar a su país de su elección. Aquellos que pueden, puede que rechacen hacerlo a causa de lazos a familiares, amigos y a su casa. Finalmente, si uno emigra a otro país, pasaría meramente a ser el súbdito de otro gobierno. ¿Qué debería hacer uno si no desea consentir a ningún gobierno? Aquellos que buscan evitar toda jurisdicción gubernamental tienen tres opciones: pueden vivir en el océano, pueden emigrar a Antártida, o suicidarse.

A la luz de esto, ¿es la opción de abandonar el territorio controlado por el Estado una forma razonable de excluirse del contrato social? Algunos lo encuentran no razonable ya que la demanda es demasiado exigente. En palabras de David Hume,

Con igual razón podríamos aseverar que un hombre, por el hecho de permanecer en un navío, consiente libremente al dominio del capitán, aunque lo hayan llevado a bordo mientras estaba dormido y tenga que caer en el océano y perecer en cuanto lo abandonen.11

Aún así, como hemos expuesto en la Sección 2.4 esta no es la cuestión principal. La cuestión principal es si a uno se le está pidiendo que renuncie a alguna cosa a la que uno tiene derecho, como precio de rechazar el contrato social. Este parece ser el caso. Si el presidente de la junta no puede demandar que los miembros de la junta le paguen un dólar para expresar su disentimiento, como puede ser que se le pida a alguien abandonar su casa y trabajo, dejar atrás a sus amigos y familia para expresar su desacuerdo con un contrato?

Una respuesta: puede ser que el Estado sea propietario de todo el territorio sobre el que afirma jurisdicción. Es por esto, que al igual que puedo echar a gente de mi casa que no acepte limpiar cuando termine la fiesta, el Estado puede expulsar a gente de su territorio si no están de acuerdo en obedecer las leyes y pagar impuestos.

Incluso si consideramos que el Estado es propietario de todo el territorio, es debatible si puede expulsar a personas que rechacen el contrato social (compare lo siguiente: si alguien se marcha de mi fiesta antes de que termine está condenado a morir, entonces, uno puede pensar que, pierdo el derecho a echar a personas de mi casa). Pero no es necesario resolver esta cuestión aquí; el lugar de esto, podemos concentrarnos en si el Estado es de hecho propietario de todo el territorio sobre el que afirma jurisdicción. Si no lo es, entonces carece del derecho a imponer condiciones sobre el uso de la tierra, incluyendo la condición de que sus ocupantes deben obedecer las leyes del Estado.

Para un caso ilustrativo, consideremos el caso de los Estados Unidos. En este caso, el control del Estado sobre ‘su’ territorio deriva de (1) una previa expropiación de la tierra por parte de colonialistas Europeos a los que originariamente ocupaban la tierra y (2) el poder coercitivo actual del Estado sobre los propietarios que han recibido títulos a porciones de ese territorio, transmitido a través de las generaciones desde los expropiadores originarios. Esto no parece generar un derecho de propiedad legítimo por parte del gobierno de los EE.UU.12 Aunque obviemos la fuente (1), la fuente (2), que aplica a todos los gobiernos, no es una base legítima para fundamentar una reclamación de derechos de propiedad. La fuerza no hace el derecho; el mero hecho que el estado ejercite poder sobre las personas en cierta región no le da al Estado un derecho de propiedad (o ningún tipo de derecho) sobre toda la tierra dentro de esa región.

Si pudiéramos establecer la autoridad del Estado, entonces el Estado podría establecer propiedad sobre todo su territorio simplemente a través de promulgar una ley asignándose esa propiedad a él mismo. La ley de ‘dominio eminente’ (o ‘compra forzada’, ‘reposesión’, o ‘expropiación’, dependiendo del país en el que uno viva) puede ser interpretada como tal ley. Pero esto no es de uso alguno para el teórico del contrato social ya que el contrato social pretende ser una forma de establecer la autoridad del Estado. Es por esto que el teórico del contrato social no puede presuponer la autoridad del Estado en intentar explicar como se establece el propio contrato social. Si no asumimos que el Estado ya posee autoridad , entonces es difícil ver cómo el Estado puede reclamar título sobre toda la tierra de los ciudadanos. Y si debemos asumir que el Estado ya posee autoridad, entonce sno necesitamos la teoría del contrato social.

El Capítulo 1 incluye un relato en el que tu asumes la tarea de castigar a los vándalos y extorsionar el pago por tus servicios al resto del pueblo. Imagina que, cuando aparece a la puerta de su vecino para cobrar el pago, su vecino protesta que él nunca ha aceptado pagar por tus servicios de prevención del crimen. ‘Au contraire’, respondes. ‘Has acordado pagar ya que estás viviendo en tu casa. Si no deseas pagarme, debes abandonar la vivienda.’ ¿Es esto una exigencia razonable? ¿El hecho que tu vecino no abandone su vivienda muestra que está obligado a pagarte?

No, sin duda. Y si tienes un inquilino ocupando tu vivienda, entonces puedes pedirle al inquilino que adquiera tus servicios de protección o abandone tu vivienda (proveído que esto es consistente con el contrato existente, si hay alguno, que has hecho con el inquilino). Pero no tienes derecho a exigir a tus vecinos que abandonen sus casas ni tampoco de imponer condiciones sobre la ocupación continuada de su propiedad. Tu demanda que el vecino abandone su propia casa si no está de acuerdo con pagarte por la protección no representa una ‘forma razonable de excluirse’ de comprar tus servicios de protección. A menos que el gobierno realmente sea propietario de toda la tierra (como normalmente decimos) que los ciudadanos poseen, el gobierno se encuentra en la misma posición que tu en el ejemplo: no puede exigir a los individuos que dejen de usar su propia propiedad, ni tampoco puede imponer condiciones bajo las cuales los individuos pueden continuar ocupando su propia tierra.

Concluyo que la primera condición de los contratos válidos es violada por el contrato social.

2.5.2 La negativa a reconocer el disentimiento explícito

Vayamos ahora a la segunda condición: tú no aceptas implícitamente un contrato si tu explícitamente declaras que no lo aceptas. En el caso del contrato social, un pequeño número de personas han explicitamente indicado su disentimiento. Estos son los anarquistas políticos, personas que mantienen que no debería haber gobierno. Aún así, casi todo gobierno sigue imponiendo sus leyes e impuestos a los anarquistas. No importa cómo de ruidosamente protestes contra el contrato social, en gobierno no te reembolsará tus impuestos ni te eximirá de las leyes.

Podría haber un Estado que reconociera el disentimiento explícito. El contrato social de ese Estado estaría más cerca de ser válido – de hecho, como mínimo no violaría el segundo principio sobre acuerdos válidos. Pero los estados actuales violan esta condición con lo cual fracasan en tener autoridad genuina sobre como mínimo algunos de los que afirman que tienen autoridad. Esto no previene que los estados tengan autoridad sobre otros ciudadanos, si estos otros de alguna forma han consentido voluntariamente. Pero el bien conocido rechazo de reconocer el disentimiento explícito pone en cuestión que la validez de cualquier consentimiento tácito, incluso por aquellos que no haya expresado disentimiento explícito. Incluso para aquellos que de hecho no desearían disentir, sigue siendo cierto que no se les dio la opción de explicitamente rechazar el contrato social.

2.5.3 La imposición incondicional

El tercer principio sobre contratos válidos era que una acción puede tomarse como indicativa de aceptación a algún esquema, sólo si uno puede asumir creer que, si uno no hubiera realizado tal acción, el esquema no se le sería impuesto. Esto descarta casi todas las formas en las que se afirma que los ciudadanos implícitamente aceptan el contrato social.

Casi todo el mundo sabe que el Estado seguirá imponiendo la misma ley e impuestos a uno, independientemente de que uno objete al gobierno, acepte servicios gubernamentales, o participe en el proceso político. Es por esto, que el hecho de no objetar, aceptar servicios del gobierno, y incluso la participación en el proceso político no puede tomarse como indicativo de aceptación al contrato social.

La única forma de consentimiento implícito que no es descartada por este principio es el consentimiento mediante presencia. Si dejas de residir en el territorio controlado por el estado, solo y solo entonces el Estado deja de imponerte sus leyes.13 A diferencia de las otras supuestas formas de consentimiento implícito a ser gobernado, permanecer en el territorio del Estado es realmente una condición mediante la que el Estado te impone sus leyes. Es por esto, que sólo el consentimiento a mediante presencia satisface el tercer principio sobre contratos válidos. La idea del consentimiento mediante presencia, sin embargo, ha sido rechazada anteriormente por otros motivos.

2.5.4 La ausencia de obligación mutua

Finalmente, llegamos al cuarto principio relativo a acuerdos válidos: un contrato impone una obligación mutua a las partes, siendo la obligación de cada parte condicional a la aceptación por parte de la otras partes de su obligación.

En el caso del contrato social, los individuos supuestamente están obligados a obedecer las leyes promulgadas por el Estado. A veces los ciudadanos violan esas leyes, en cuyo caso los agentes del Estado – si están en conocimiento de esa violación y le pueden dedicar recursos – castigarán al ciudadano, normalmente con multas o encarcelamiento. Dado el amplio rango de leyes que pueden ser creadas por parte del Estado y el rango de castigos a los que uno puede ser sujeto, las concesiones individuales al Estado bajo el contrato social son enormes.

El Estado, a su vez, se supone que asume la obligación de velar por los derechos de los ciudadanos, incluyendo la protección de los ciudadanos frente a criminales y gobiernos extranjeros hostiles. ¿Fracasa en algún momento en Estado en este deber? ¿Qué pasa cuando lo hace?

En cierto sentido, el Estado fracasa continuamente. En cualquier gran sociedad, miles o millones de ciudadanos son victimizados cada año por crímenes que el Estado fracasa en prevenir. Pero no sería razonable esperar que el Estado previniera todo crimen. Puede que el contrato social sólo requiera que el Estado haga un esfuerzo considerable en prevenir crímenes. Pero, ¿y si el Estado fracasa incluso a esto? Supón que tú eres víctima de un serio crimen que el gobierno podía haber prevenido fácilmente, a bajo coste, si hubiera hecho un esfuerzo razonable de hacer. ¿Habría el Estado fracasado en cumplir sus obligaciones bajo el contrato social?

Si el contrato social significa algo, la respuesta a esa pregunta tiene que ser sí. Si hay un contrato entre el Estado y sus ciudadanos, entonces el Estado debe tener alguna obligación de hacer algo por los ciudadanos. Ya que la protección contra el crimen es la función central y más ampliamente reconocida del Estado, el Estado debe presuntamente tener alguna obligación en lo que respecta protegerlo a uno del crimen. Si esta obligación tiene significado alguno, debe haber algo que el Estado pueda hacer que cuente como incumplimiento de su obligación. Y si la situación descrita en el anterior párrafo no cuenta como un incumplimiento de su obligación de proteger a los ciudadanos del crimen, es difícil ver que lo sería.

En los Estados Unidos, esta situación se ha dado numerosas veces. Describo una de estas instancias a continuación. Aunque sea inquietante escuchar esta historia, hay un aspecto importante a aprender de ella.

En una mañana de marzo en 1975, dos hombres allanaron una casa en Washington, DC, donde residían tres mujeres.14 Las dos mujeres en el piso de arriba escucharon el allanamiento y los gritos de su compañera que provenían del piso de abajo. Llamaron a la policía y se les dijo que la ayuda estaba en camino. Las dos mujeres se arrastraron fuera de una ventana hacia un tejado adyacente y esperaron. Observaron llegar un coche de policía y que a continuación se marchara. Un policía llamó a la puerta delantera, pero al no recibir ninguna respuesta y no ver señales de una entrada forzada, decidió marcharse. La policía no comprobó la entrada trasera a la casa, por donde los criminales habían entrado. Volviendo adentro, las mujeres al piso de arriba escucharon a su compañera gritar otra vez, y volvieron a llamar a la policía. Se les aseguró que la ayuda estaba de camino, pero de hecho, ningún policía fue designado a responder a la segunda llamada. Cuando los gritos de su compañera cesaron, las dos mujeres en el piso de arriba pensaron que la policía había llegado. Ellas llamaron a su compañera, lo que solo sirvió para alertar a los criminales de su presencia. Entonces, los dos criminales secuestraron a las tres mujeres  y se las llevaron al apartamento de uno de los criminales donde fueron apaleadas, se les robó, y violó durante catorce horas.

Lo que es notable sobre este caso no es solo que el Estado fracasó trágicamente en su obligación de proteger algunos de sus ciudadanos. Lo importante para el contrato social es lo que ocurrió a continuación. Las mujeres denunciaron el Distrito de columbia en los tribunales federales, por la negligencia del gobierno en protegerlas. Si el gobierno tuviera una obligación contractual de hacer un esfuerzo razonable de proteger a sus ciudadanos, entonces, las mujeres deberían tener un caso clarísimo. De hecho, los jueces desestimaron el caso sin un juicio. Los demandantes apelaron, pero la desestimación se mantuvo.

¿Por qué? Nadie disputó la negligencia del gobierno, y nadie disputó que las mujeres sufrieron un graves daños como consecuencia directa de esa negligencia. Lo que el tribunal negó es que en primer lugar, el gobierno tuviera algún deber de proveer de protección a las tres mujeres. El Tribunal de Apelación citó ‘el principio fundamental bajo el cual el gobierno y sus agentes no están bajo ningún deber general de proveer servicios públicos como protección policial, a ningún particular, ciudadano individual’. El deber del gobierno, como el tribunal explicó, era solo el deber hacia el público en general, de proveer de una disuasión general al crimen. El tribunal estaba preocupado que el reconocimiento de un deber de proteger a los individuos ‘llevaría efectivamente a una rápida interrupción de la actividad del Estado’ y ‘atraería a una nueva generación de litigantes a los tribunales por  agravios reales e imaginados’.15

Esto no fue una decisión idiosincrática. En otro caso, una mujer llamó a la policía ya que su distanciado marido le había llamado y dicho que iba a matarla. La policía le dijo que les llamara cuando él llegara. Cuando llegó, la mujer no pudo volver a llamar ya que su marido había llevado a cabo su amenaza.16 En un tercer caso, el Departamento de Servicios Sociales estaba vigilando un hombre por abusar de su hijo. En cinco ocasiones, un trabajador social del DDS registró evidencia de abuso, pero el hijo se dejó en la custodia del padre. Eventualmente, el hombre apaleó a su hijo tan severamente que el hijo sufrió daños cerebrales permanentes.17 Estos casos también resultaron en pleitos contra el gobierno, y estos pleitos, también, fueron inmediatamente desestimados. El caso del abuso infantil fue apelado hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, donde la desestimación se mantuvo. Una vez más, los tribunales mantuvieron que el gobierno no tiene ningún deber a proteger a sus ciudadanos en esos casos.

¿Qué tienen que ver estos casos con la doctrina del contrato social? Los tribunales en estos casos negaron que el Estado tuviera alguna obligación hacia el individuo. Ya que un contrato requiere la obligación mutua de las partes entre sí, esto implica que no hay contrato entre el individuo y el Estado.

¿Qué hay de la sugerencia que el Estado debe sus obligaciones al público en general en vez de a cualquier individuo? Un problema de esta sugerencia es que es puramente arbitraria. No existe evidencia alguna para esta sugerencia, y uno podría ser perdonado por pensar que el Estado simplemente declara que el contrato social sólo requiere que haga lo que el mismo Estado quiere hacer. Otro problema es que la teoría del contrato social tiene la intención de explicar porqué los individuos están obligados a obedecer el Estado. Si un individuo no es parte del contrato social, entonces el individuo no tiene deber alguno hacia el Estado bajo ese contrato. Si el contrato, de alguna forma, solo aplica entre el público en general y el Estado, entonces puede que ‘el público en general’ deba algo al Estado, pero ningún individuo lo deba. Si, por otro lado, el contrato social aplica entre individuos y el Estado, entonces el Estado debe tener una obligación al individuo. Los dos casos no son compatibles: uno no puede mantener que el individuo tiene un deber hacia el Estado pero el Estado no debe nada al individuo.18

Puede que la opinión de los tribunales en estos casos estuviera equivocada. Ser como fuere, las opiniones dictadas por los tribunales, reafirmadas, y nunca revocadas son las opiniones oficiales del gobierno. El gobierno, entonces, ha adoptado oficialmente la postura explícita de que no tiene la obligación de proteger a ningún ciudadano en particular. Es por esto, que el gobierno ha repudiado el contrato social. Si el Estado rechaza el contrato social, entonces no se puede inferir que los individuos están obligados bajo ese mismo contrato.

Este último argumento, el argumento de la obligación mutua, aplica específicamente a los Estados Unidos, donde los casos judiciales analizados ocurrieron. Otros gobiernos puede que escapen de este particular defecto si reconocen un deber afirmativo de proteger a sus ciudadanos.

Mi afirmación en esta sección no es que la mayoría de personas no estarían de acuerdo en tener un gobierno, Mi afirmación es que de hecho no hay acuerdo válido. Puede que tu hubieras aceptado el contrato social si se te hubiera presentado la ocasión. Pero no se te presentó. Esto hace tu relación con el gobierno no voluntaria, no contractual, independientemente de si estás contento con la relación. Tampoco afirmo que todas las relaciones no voluntarias son moralmente ilegítimas o injustas. La cuestión es que simplemente la teoría del contrato social es falsa, ya que describe una relación no voluntaria como voluntaria.

2.6 Conclusión

La teoría del contrato social no puede justificar la autoridad política. La teoría de un contrato social actual fracasa ya que ningún Estado ha proveído una forma razonable de excluirse – maneras que no requieran que los que disienten asuman grandes costes que el Estado no tiene un derecho independiente a imponer. Todos los Estados modernos, al rechazar reconocer el disentimiento explícito, hacen que la relación con sus ciudadanos sea no voluntaria. La mayoría de justificaciones del consentimiento implícito fracasan, ya que la mayoría de ciudadanos saben que las leyes del gobierno se les serían impuestas independientemente de si llevaran a cabo los actos particulares a través de los cuales supuestamente comunican consentimiento. En el caso de los gobiernos que niegan cualquier obligación de proteger a ciudadanos individuales, la teoría contractual fracasa por la razón adicional que, si alguna vez hubo un contrato social, el gobierno ha repudiado su obligación central bajo ese contrato, por lo que libera a los ciudadanos de las obligaciones que hubieran tenido bajo ese contrato.

La premisa moral central de la teoría tradicional del contrato social es encomiable: la interacción humana debería ser llevada a cabo, tanto como sea posible, de forma voluntaria. Pero la premisa fáctica central va en contra la realidad: a pesar de lo que se diga, la sujeción al gobierno es obviamente no voluntaria. En los tiempos modernos todo ser humano nace bajo esta sujeción y no tiene medios prácticos de escapar de ella.


Notas

1. Locke 1980. Hobbes, en cambio, afirma que el Estado no debe nada a los ciudadanos ya que el Estado no es una parte en el contrato; en cambio, entiende el contrato social como un aucuerdo entre ciudadanos (1996, 122).

2. Rawls 1999; Gauthier 1986

3. Una cuestión interesante sigue siendo si los ciudadanos pueden retirar el consentimiento, como uno puede hacer su consentimiento delante de otras formas de coacción. Esto plantea problemas adicionales a los que expongo más en adelante en el texto.

4. Locke 1980, secciones 100-4.

5. Locke 1980, secciones 116-17, 120-1

6. Hume 1987, 471.

7. Este ejemplo es de Simmons (1979, 79-80)

8. Locke 1980, secciones 120-1; Otsuka 2003, capítulo 5.

9. Este ejemplo es de Simmons (1979, 81).

10. Como Otsuka (2003) argumenta, el consentimiento puede ser válido incluso cuando no consentir sería muy costoso.

11. Hume 1987, 475

12. El problema de injusticias históricas afecta a casi todo o todo el territorio del mundo. No está claro que debe hacerse al respecto, cuando devolver la tierra a los titulares legítimos es imposible. No propongo ninguna solución aquí, aunque, asumo que el principio de ‘cualquiera que mantenga poder sobre la población actualmente ocupando la tierra tiene el derecho de controlar su uso’ carece de fuerza ética.Como mínimo, alguna defensa previa la legitimidad del gobierno sería necesaria para establecer su derecho de controlar la tierra.

13. Incluso hay algunas excepciones a esto. Por ejemplo, los ciudadanos de los EE.UU que viven al extranjero puede que necesario que paguen impuestos de los EE.UU en parte de sus ingresos.

14. El incidente es la base para el caso Warren v. District of Columbia (444 A.2.d. 1, D.C. Ct. of Ap., 1981), de la que deriva mi explicación de los hechos.

15. Ibid., de la opinión mayoritaria

16. Hartzler v. City of San Jose, 46 Cal.App. 3d 6 (1975).

17. DeShaney v. Winnebago County Department of Social Services, 489 U.S. 189 (1989).

18.Uno podría afirmar que el contrato social aplica entre los individuos y el Estado, pero que la única promesa del Estado al individuo era de proteger la sociedad en general. Típicamente, sin embargo, cuando los individuos hacen contratos para obtener bienes y servicios, obtienen una promesa de que personalmente se les entregue el bien, no una promesa en general de que más o menos se le proveerá con el bien.

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2 comentarios en “El Problema de la Autoridad Política: Capítulo 2

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